Los pueblos pequeños están en la UCI

El Govern trabaja para llevar el Estatuto de los Municipios Rurales al Parlament a principios de 2023 bajo el lema Construïm ruralitats, un país de tothom, que pretende revisar las leyes que afectan a los municipios pequeños con el objetivo de ofrecer las mismas oportunidades a todos los catalanes. La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, explicó en Castellserà el jueves que “revisaremos las leyes de urbanismo, comunicaciones, movilidad o educación para facilitar los servicios básicos a las personas que viven en los ámbitos rurales”. El estatuto lo coordina el Govern y lo elaboran un grupo de juristas y un grupo de trabajo formado por entidades municipalistas (Micropobles, ACM y FCM), Eines de Repoblament y varias consellerías de la Generalitat.

Podríamos repetir lo mismo que con el anuncio de la ley de Ciencia: las palabras suenan bien, pero los hechos son los que realmente permitirán a los pequeños municipios frenar la despoblación, dotarse de más servicios sanitarios, poder tener wifi, concentrar servicios, disponer de secretario municipal, aprovecharse de subvenciones y fondos europeos que ahora ni pueden pedir por el galimatías burocrático, o una cosa tan sencilla como hacer quemas controladas sin la absurdidad de veto impuesta por el ministerio de Acción Climática. Las buenas intenciones se agradecen, pero la realidad, tanto en los cambios energéticos que vienen como en las carencias del tercer sector, que son acuciantes y que afectan, y mucho, a los pueblos pequeños, es que hace falta más celeridad y pasar rápidamente de los proyectos a las realidades. Los pueblos pequeños están en cuidados intensivos.

Un pez que se muerde la colaSi suben los tipos de interés se firmarán menos créditos de compra de vivienda que en el 2021 y este 2022 se habían reactivado al igual que la construcción de obra nueva. Si no hay demanda de compra, se volverá a parar uno de los sectores vitales de la rueda económica, la construcción, porque de él dependen muchos otros. Si esto sucede, aumentará la demanda de pisos de alquiler, ya con muy poca oferta, con lo que el precio del alquiler subirá o lo que es seguro es que no bajará, dejando al sector más vulnerable de nuestra sociedad y a buena parte de la clase trabajadora en una situación complicada.

A los disparados precios de la cesta de la compra y las energías, habrá que sumar ahora el de la vivienda. Una rueda de despropósitos que Europa debería intentar parar porque no es una crisis estructural, sino una estrictamente política y en el siglo XXI debería haber formas de hacer política mucho más edificantes que las guerras por mucho que Putin sea un dictador y la invasión de Ucrania inaceptable.