Consistorios y vecinos, con voz en la okupación

La Generalitat anunció el miércoles que reformará dos leyes para que los vecinos de una vivienda okupada puedan instar al desalojo judicial si hay una actividad delictiva o si sus okupantes alteran la convivencia del edificio, siempre que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor. La comunidad deberá pedir primero al propietario que lo haga y, si en el plazo de un mes no lo ha hecho, los vecinos, así como los ayuntamientos, estarán legitimados para ir ante el juez competente. Según explicó la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, se reformará el Código Civil catalán para permitir que los vecinos y los consistorios puedan actuar cuando haya inacción de los dueños.

Según Ciuró, actualmente el plazo medio de ejecución de un desahucio es de ocho meses. La previsión es que la reforma entre en vigor en siete u ocho meses. Entretanto, la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, aseguró que se llevará al Parlament la modificación de la Ley de Vivienda para sancionar a los grandes propietarios.

Además, se obligará a ceder los pisos a la administración para uso social. Según Derechos Sociales, un 4% de los pisos de carácter público están ocupados y de estos, en uno de cada cuatro “hay actividades ilícitas”. Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el año pasado más de 470 actuaciones en 52 municipios leridanos por incidentes relacionados con la convivencia en pisos okupados.

Asimismo, en 2021, contabilizaron un total de 243 denuncias por okupación. Además, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, criticó la “incapacidad” de las administraciones para ofrecer soluciones ante los desahucios y alertó que el problema se impondrá “con total crudeza” cuando acabe la moratoria estatal. No nos cansaremos de repetir que hay que diferenciar muy claramente estas okupaciones conflictivas de las que llevan a cabo colectivos vulnerables a los que las diferentes administraciones deben dar una solución.

No es de justicia que haya centenares de pisos de grandes tenedores vacíos y otras tantas personas durmiendo en la calle por carencias de vivienda social. Un país desarrollado como Catalunya debe encontrar la solución para evitar la marginación y la vivienda, como estipula la propia Constitución española, es un derecho fundamental. Pero una cosa es esta problemática fruto de las diferentes crisis económicas que venimos arrastrando desde 2008, y otra radicalmente distinta la de las mafias que se han ido creando de okupaciones ilegales de viviendas.

Mafias que cobran, intimidan y sobre todo perturban la convivencia en las comunidades de vecinos. España es de los países europeos con más trabas burocráticas y judiciales para erradicar estas prácticas intolerables. La intención de la Generalitat de modificar las actuales leyes es, pues, buena, otra cosa será que judicialmente este cambio sea aceptado y pueda aplicarse fácilmente.