La más que difícil vía canadiense de Aragonès

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lanzó ayer en el Parlament, en el debate de política general, la propuesta de que España y Catalunya sigan la vía canadiense sobre el referéndum de autodeterminación de Quebec. La ley de Claridad de Canadá fue aprobada en el 2000, cinco años después de la segunda y hasta ahora última consulta sobre la independencia de la única provincia de mayoría francófona en este país, que se saldó con un resultado muy ajustado (solo un punto de diferencia) a favor del “no”. Esta norma establece, entre otros puntos, que la Cámara de los Comunes –lo que sería el Congreso en España– debe determinar que la pregunta sea clara y no admita ambigüedades y también si, en caso de que se impusieran los partidarios de la independencia, su mayoría es suficiente.

Aragonès señaló que para llevar adelante esta iniciativa hay que buscar el máximo consenso posible en Catalunya y, entonces, negociarla con el Gobierno central. Este planteamiento supone que ERC mantiene su apuesta por el diálogo con el Estado como fórmula para intentar superar el actual conflicto político, descartando la independencia unilateral, a la vez que intenta lograr apoyos dentro y fuera del independentismo. Así, el anterior líder del PSC y actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, apostó por un modelo similar al canadiense en el borrador de la ponencia del congreso del partido celebrado en 2016, pero al final ni tan siquiera llegó a debatirse.

Su sucesor, Salvador Illa, dejó claro en su respuesta a Aragonès que no está por la labor, al igual que el Gobierno central que, por boca de su portavoz, Isabel Rodríguez, indicó que esta vía no forma parte de su agenda. Solo los comuns expresaron su respaldo, afirmando que el President ha copiado su modelo. Por lo que se refiere a los independentistas, Junts no solo mantuvo las distancias con sus socios de gobierno de ERC, sino que las aumentó.

Su portavoz descalificó la propuesta afirmando que Esquerra incumple el pacto de Govern y luego emplazó a Aragonès a convocar una cuestión de confianza si no garantiza que lo cumplirá. Y la CUP también se desmarcó. Así que parece muy improbable que el plan de Aragonès comporte un cambio significativo en el actual panorama político.

Por otra parte, el President centró su discurso en la difícil situación económica por la crisis energética y el aumento del coste de la vida y anunció un paquete de medidas por un importe global de 300 millones de euros destinadas a apoyar a empresas y familias. Las principales acciones son la subvención de 100 euros por alumno desde P3 a cuarto de ESO para todas las familias de renta media y baja y la ayuda al alquiler de hasta 250 euros al mes para jóvenes. Son pequeños parches, aunque es cierto que Aragonès tiene razón en afirmar que políticas fiscales como las de Madrid o Andalucía solo benefician a las rentas más altas.