Las okupaciones y su solución

La comarca del Maresme es una de las que más problemas tiene con okupaciones de viviendas y los ayuntamientos intentan buscar vías para solventar situaciones que afectan a numerosos ciudadanos. En Premià de Dalt, el gobierno que lidera el alcalde, Josep Triadó (de la plataforma Nou Impuls, vinculada a JxCat), y que gobierna con el PSC, decidió contratar a una empresa, Desokupa, para intentar acabar con las situaciones delincuenciales en la vivienda. Triadó dice que la firma en cuestión solo les asesorará, pero que las actuaciones, si procedieran, las llevaría a cabo la policía local.

En estos momentos, el municipio no tiene ninguna vivienda okupada. Se trata, pues, subraya Triadó, de una medida “preventiva”. En un comunicado, el consistorio explica que ha firmado un contrato de un año por un importe de 3.000 euros para recibir “asesoramiento” de esta empresa a efectos de “intermediación para la recuperación de bienes inmuebles ocupados de forma mafiosa y/o delincuencial”, hechos, añade, que “siempre generan un problema de seguridad en la población”.

Presumiendo la buena intención del equipo de gobierno, en aras de la seguridad ciudadana, el camino que ha escogido no es el adecuado ni el pertinente. El problema de las viviendas okupadas ilegalmente debe resolverse por la vía judicial y legislativa y Catalunya y España en su conjunto deben rápidamente modificar la actual normativa para que los procesos de este tipo de okupaciones no se demoren como en la actualidad. Solo así, tanto los propietarios de viviendas como las personas que se ven obligadas a vivir de esta manera por vulnerabilidad social podrán estar seguros de que no serán objeto de todo tipo de abusos y coacciones.

Los ciudadanos, ni por extensión como sus primeros representantes los ayuntamientos, no pueden ni deben asumir esta responsabilidad y es a la Justicia, previo cambio normativo impulsado por el poder legislativo, a quien corresponde solucionar y rápido las situaciones relacionadas con la vivienda, tanto las delincuenciales de okupación, como las del acceso a las mismas para todos los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, derecho fundamental en una sociedad democrática y socialmente avanzada amparada por la Constitución. Lo otro nos conduciría a la ley de la selva o del más fuerte.

Instituto de Cappont

La Generalitat ha anunciado esta semana la construcción del largamente reivindicado instituto de Cappont por un importe de 6.957.471 euros. Un centro de tres líneas ubicado en un solar municipal situado en el número 11 de la calle Riu Besòs, entre el campo de fútbol del Atlètic Segre y Frederic Godàs. Buena noticia si se cumplen los plazos de ejecución.