La financiación de los partidos y el 3%

La Fiscalía Anticorrupción solicita que se impongan penas de hasta 21 años y 4 meses de cárcel a los acusados en el caso 3%, la trama de presunta financiación ilegal de la extinta CDC durante el mandato de Artur Mas. El ministerio público, que también pide multar con tres millones de euros al PDeCAT como heredero del desaparecido partido nacionalista, plantea esos castigos en el escrito de acusación que ya ha presentado en la instrucción abierta en la Audiencia Nacional por el supuesto amaño de concursos públicos durante, al menos, ocho años, para desviar dinero a las arcas de la formación. Los delitos que les imputa son fraude, blanqueo de capitales y prevaricación.

El fiscal José Grinda, que firma el documento de 210 páginas, carga contra Andreu Viloca y Germà Gordó, extesorero y exgerente de la fuerza política, respectivamente, a los que sitúa en la cúspide de la presunta red corrupta. Para el primero pide 21 años y 4 meses de cárcel y para el segundo, 18 años y 10 meses. Sin embargo, para otros dos exaltos cargos del partido solicita penas mucho más bajas por su colaboración en la investigación: para el exresponsable de finanzas Daniel Osàcar plantea solo un castigo de un año y seis meses de reclusión sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad, y para el exresponsable económico Francesc Xavier Sánchez, un año de prisión y seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad.

El período estudiado va desde 2008 a 2015, cuando, según el fiscal, altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político “ilegalmente y de forma encubierta”. El mecanismo habría comenzado con la figura de Gordó, quien fuera también consejero de Justicia del Govern de Mas. Según el fiscal, los acusados actuaban bajo “su dirección” para controlar los concursos de obra pública y servicios que sacaban las diferentes administraciones que estaban “bajo la esfera de poder de CDC”, desde la propia Generalitat a ayuntamientos, diputaciones y organismos dependientes.

De esta forma, influían en los responsables de las adjudicaciones para que se las otorgasen a los empresarios de su cuerda, que ingresaban dinero en forma de donaciones. Habrá que esperar, pero hay que recordar que entre 2006 y 2008, la presidencia de la Generalitat estaba en manos de José Montilla, ya que la CDC de Artur Mas asumió la presidencia en 2010 y hasta 2015, con lo que los dos años iniciales de la investigación deben estar centrados en otras administraciones, en ningún caso en el gobierno catalán. Levantar alfombras es saludable y obligado, siempre y cuando la finalidad sea exclusivamente hacer justicia y se use la misma vara de medir para todos.