Hay que pasar a la acción contra los suicidios

Los accidentes de tráfico costaron la vida el pasado año a 37 personas en Lleida, a cerca de 200 en Catalunya y a algo más de 1.500 en España. En 2020, cuando la movilidad quedó muy restringida a causa de la pandemia de la Covid, fueron 20, 105 y 1.370, respectivamente. Son cifras que, aunque menores que las de hace unas décadas, siguen siendo excesivas.

Por eso tanto la administración catalana como la estatal llevan a cabo cada poco tiempo campañas para intentar reducir la siniestralidad, algunas de ellas con imágenes ciertamente muy impactantes. Está bien que así sea, porque prevenir muertes evitables debe ser siempre una prioridad. Ahora bien, llama la atención que el pasado año hubo un total de 33 fallecidos por suicidio en Lleida, mientras que en 2020 fueron 25.

Ese mismo año, el número de suicidios en Catalunya fue de 556, y en todo el Estado, de 3.941. La realidad es palmaria: las muertes por este motivo son muchas más que por accidentes de tráfico en Catalunya y España, incluso si en este último caso se toman como referencia los datos de 2021, cuando ya apenas había restricciones a la movilidad. En cambio, la atención que las administraciones ponen en intentar evitarlos en la medida de lo posible es infinitamente menor que la que recibe la siniestralidad viaria.

Otra comparación que resulta paradójica es que las campañas de seguridad vial destacan que muchas de las víctimas son jóvenes, cuando también son precisamente los más afectados por los suicidios, ya que la gran mayoría de estos son de menores de 50 años. Como denuncian las entidades de apoyo y los familiares, faltan recursos para la prevención y es necesario que hablar de esta cuestión deje de ser un tabú a nivel social. En los últimos años, se han dado importantes pasos adelante en lo que respecta a los servicios de atención a la salud mental, que han incluido planes de prevención del suicidio.

Sin embargo, los medios que se dedican a la salud mental continúan estando un escalón por debajo de lo que puede definirse como la sanidad convencional, y la distancia es todavía mucho mayor en lo que respecta al ámbito específico de la conducta suicida. Por si fuera poco, el servicio telefónico del 061 que atiende las llamadas de auxilio por este motivo no es gratuito. Todo ello hace evidente que la asociación de Suport al Dol de Ponent tiene toda la razón cuando reclama más recursos para disponer de profesionales formados en esta materia y planes de prevención.

Su demanda de que “hay que pasar a la acción” está plenamente justificada y es hora de que tanto la Generalitat como el Gobierno central adopten las medidas necesarias para llevarlo a la práctica. Y a nivel social, es necesario romper de una vez un tabú que lo que comporta muchas veces es la culpabilización de la propia víctima y de su entorno. Hablar abiertamente de ello es mucho mejor que correr un tupido velo.