Un paso importante para la democracia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el jueves por la noche en una entrevista televisiva que PSOE y Podemos registrarían ayer una propuesta de derogación del delito de sedición que supondrá su sustitución por uno nuevo de desórdenes públicos agravados. A su entender, con los cambios, el Código Penal será “más o menos homologable al que tienen las democracias europeas” y, en consecuencia, “las penas por estos delitos serán las que se catalogan en los Códigos Penales de las democracias a las cuales nos queremos parecer”. Sánchez aseguró que la iniciativa no es fruto de la presión de ERC para aprobar los presupuestos del Estado de 2023 y afirmó que él había querido este cambio “desde siempre”.

Patxi López, por los socialistas, y Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y diputado de los Comuns, registraron la iniciativa en la Cámara Baja y esperan que antes de concluir el año pueda terminar su tramitación parlamentaria y entrar en vigor en unos seis meses. La letra pequeña la dejaremos para los expertos pero corresponde en este momento tres reconocimientos. El primero, al presidente Sánchez por enfocar el conflicto político entre Catalunya y España como lo que es: una asignatura pendiente no resuelta por la transición y que solo puede resolverse con diálogo, negociación, democracia y desjudicialización del procés.

Es también justo reconocer al diputado de los Comuns Jaume Asens el empeño que ha tenido desde el primer momento en reformar el Código Penal para que algunos jueces no puedan retorcer el derecho para perseguir ideas políticas y, por supuesto, alabar el sentido común de ERC que, contra viento y marea, a veces incluso en contra de sectores independentistas, ha apostado por la negociación para ir dando pasos hacia su lícito y democrático objetivo de que los catalanes puedan decidir su futuro y su relación con el Estado español en las urnas. Evidentemente que solo es un peldaño en el camino para lograr una entente que ponga fin a la crispación de estos últimos años, de un problema que lleva siglos sobre la mesa, pero sin duda es un paso. Es verdad también que el gobierno español sabe que esta reforma era la única vía que le quedaba para no recibir un varapalo considerable por parte de la Justicia europea, pero también es cierto que el paso dado le puede costar un desgaste electoral por parte de una derecha y ultraderecha enrocadas en tiempos pretéritos ya que el nuevo talante que se presumía a Núñez Feijóo ha quedado en nada frente a los delirios de Isabel Díaz Ayuso.

Por tanto, todos los actores deberían explorar este nuevo escenario como una gran oportunidad y la derecha española, si realmente quiere equipararse a sus homólogos europeos y no ponerse a la altura de los Bolsonaro o Trump varios, haría bien en dejar de sembrar odio y división y sumarse a las negociaciones.