Partidismo ante la lacra de los delitos sexuales

La entrada en vigor de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, popularmente conocida como la del solo sí es sí, ha generado una gran polémica en las últimas semanas porque, a pesar de que en general aumenta el castigo a los delitos sexuales al unificar en una única categoría con la agresión lo que antes era abuso sexual, el hecho de que haya agrupado abanicos distintos de penas ha motivado que algunos jueces hayan rebajado condenas en vigor –muy pocas en relación con el total– siguiendo el principio de que hay que aplicar la ley más favorable al reo. En condiciones normales, esto no sería motivo de escándalo y no debería haber ningún problema para analizar con rigor si se trata únicamente de una cuestión de interpretación susceptible de ser consensuada o hay que introducir algún retoque en la nueva norma para subsanarlo, como un régimen transitorio que limite su retroactividad. Pero el creciente deterioro del debate político (cuesta mucho considerarlo como tal) ha motivado que la oposición en el Congreso de los Diputados haya presentado esta ley como un coladero para violadores, acusando al Gobierno central, y en concreto a la ministra de Igualdad, de provocar lo contrario de lo que proclaman por simple incapacidad.

Las respuestas, aparte de no tener ningún atisbo de autocrítica, tampoco han sido siempre muy afortunadas, así que lo único que han conseguido los que más deberían velar por el interés general es crear un gran ruido partidista que esconde lo sustancial: que las agresiones sexuales no solo están a la orden del día, sino que van al alza. Tal como damos cuenta en nuestra edición de hoy, en lo que va de año en las comarcas de Lleida se han presentado 157 denuncias por delitos contra la libertad sexual, lo que supone una cada dos días y un 14% más que el pasado ejercicio. Es cierto que parte de este aumento puede explicarse porque hay una mayor concienciación y conocimiento de los mecanismos de denuncia y protección, pero también lo es que todavía hay muchas agresiones que no salen a la luz pública y que una parte importante de ellas son cometidas por personas jóvenes que por edad y formación teóricamente tendrían que estar sensibilizadas contra estos comportamientos.

Otra cifra que llama la atención es que el 70% de los juicios que se celebran en la Audiencia Provincial son por este tipo de delitos. Son datos demoledores que ilustran que queda mucho por hacer en este ámbito. Esta es la realidad y es lamentable que un derecho fundamental como el de la libertad sexual no pueda concitar un mínimo consenso entre la mayoría de los representantes políticos a la hora de abordar cómo se protege legalmente.

Como señalan diversos abogados y miembros de entidades feministas, la ley del solo sí es sí va en el camino adecuado, más allá del debate sobre sus efectos en el Código Penal. Y corregirlos tampoco debería ser ningún drama.