Descrédito de los políticos y de los jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió el pasado domingo cuatro años en funciones, ya que el mandato de sus integrantes acabó en 2018. Es una situación que ilustra la incapacidad de los principales partidos políticos del Estado, el PSOE y el PP, de pactar sobre cuestiones básicas. En este caso, los populares son los que tienen la principal responsabilidad, ya que después de que el acuerdo que habían alcanzado inicialmente para la renovación de este organismo en 2018 saltara por los aires, siempre han ido dando largas a un nuevo pacto aduciendo diversas excusas.

La guinda del pastel llegó hace unas semanas, cuando parecía que el acuerdo estaba cerrado y el PP dio marcha atrás a última hora aduciendo que era incompatible con la supresión del delito de sedición del Código Penal impulsada por el Gobierno. Hay que preguntarse qué tiene que ver renovar el máximo órgano de representación de los jueces con la reforma del Código Penal. Son cosas totalmente distintas, porque si el PP rechaza esta modificación, siempre podrá rectificarla si dentro de un año logra acceder al Gobierno y cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso para ello.

Paradójicamente, de esta manera el partido que más dice defender las instituciones del Estado lo que hace es contribuir a su descrédito. Un descrédito al que por cierto también ayudan los jueces que forman parte de las máximas instancias al actuar como si fuera obligatorio guardar obediencia a los partidos que proponen su nombramiento. En este sentido, llama la atención el alineamiento casi militar de los bloques conservador y progresista en gran parte de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y en las decisiones del CGPJ.

Y en este último organismo, los magistrados del primer bloque también están haciendo el juego al PP retrasando el nombramiento de sus representantes en el Constitucional. Un escenario de desprestigio político y judicial que el Gobierno acaba de reforzar también con la designación de un exministro y un exalto cargo para dos puestos del TC.

El somatén no es la soluciónLos vecinos de l’Horta de Lleida llevan tiempo denunciando la proliferación de robos.

Hace un par de meses, los de la partida de Marimunt organizaron somatenes de vigilancia que ahora han reactivado. Resulta totalmente comprensible que estén hartos de la inseguridad, y hay que exigir a los Mossos, como fuerza policial competente en este ámbito, y en segunda instancia a la Guardia Urbana, medidas efectivas. No obstante, hay que decir también que el somatén no lo es.

Solo hay que preguntarse qué puede pasar si una patrulla vecinal se encuentra con uno o varios ladrones que lleven armas de fuego.