Lleida, excluida de las ayudas por las nucleares

Lleida ha quedado excluida de las nuevas subvenciones del fondo de transición nuclear de la Generalitat, destinadas a favorecer el desarrollo económico en el entorno de las centrales de Ascó y Vandellòs. El Parlament aprobó ampliarlas el jueves a raíz de enmiendas de Junts y el PSC. Los dos partidos anunciaron entonces que la reforma beneficiaría a “todos los municipios” de hasta 12.000 habitantes en un radio de 30 kilómetros de las centrales.

Sin embargo, el texto que pactaron limita la lista de beneficiarios a “las comarcas de les Terres de l’Ebre y el Camp de Tarragona”. Esto deja fuera a 19 pueblos del Segrià y Les Garrigues. La reforma que anunciaron Junts y PSC debía incluir todos los municipios en la zona dos del plan de emergencia nuclear (Penta) de Ascó y Vandellòs: son los que están en un radio de entre 10 y 30 kilómetros de las centrales.

Diecinueve pertenecen al Segrià y Les Garrigues, pero no se beneficiarán del fondo de transición nuclear. Alcaldes de estas localidades lo ven “discriminatorio” y exigen recibir también estas ayudas. Uno de los municipios excluidos es Aitona, cuya alcaldesa, Rosa Pujol, reclamó los mismos beneficios para Lleida y el de Maials, David Masot, denunció que el acuerdo parlamentario es “discriminatorio”.

Municipios del sur de Les Garrigues y el Segrià llevan años solicitando líneas de ayudas para localidades en el entorno de las centrales nucleares. A las críticas se sumó el diputado del PSC por Lleida, Òscar Ordeig. Publicó en redes sociales que “los municipios de Les Garrigues y el Segrià a menos de 30 kilómetros de Ascó deben recibir dinero del fondo de las nucleares” y en la misma línea se expresaron ayer diputados de Junts.

Nos parece bien que representantes de ambos partidos, impulsores en el Parlament de estas subvenciones, se alíen con su territorio para rectificar esta más que evidente injusticia, pero sin duda hubiera sido mucho más constructivo que antes de votar estas ayudas hubieran conocido su contenido y los territorios que abarcan. La obligación de los diputados es precisamente esta, velar por los intereses de los ciudadanos que les votan y depositan en ellos su confianza.Separación de poderesLas palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en Bruselas acusando a la “derecha política y judicial” de querer “atropellar la democracia” han tenido respuesta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ocho vocales conservadores remitieron un escrito ayer en el que tachan de “irresponsable” este discurso, obviando que no hay mayor falta de respeto a la democracia y a la separación de poderes que intentar interferir en las decisiones soberanas de un parlamento a través de unos mandos judiciales totalmente caducados.