Crisis institucional

Pedro Sánchez bajó ayer martes el nivel de tensión entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional, pero sin reducir un ápice la gravedad que el Ejecutivo atribuye a la situación y, sobre todo, con un mensaje claro: el Gobierno tomará “cuantas medidas sean necesarias” para seguir adelante con su intento de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. En un tono más suave que el de otros portavoces y miembros del Ejecutivo, Sánchez compareció el día después de que el tribunal de garantías acordara suspender preventivamente, por primera vez en democracia, una votación en las Cortes: la de dos enmiendas con las que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación de ambas instituciones. Y remató el mensaje que ya apuntó el lunes Félix Bolaños: el Ejecutivo acata, aunque no comparte, la decisión del Constitucional, de la que culpa al PP.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreció, tras la comparecencia de Sánchez, pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero solo si acepta también pactar la reforma del Código Penal con su formación y acabar con la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación. Opiniones ideológicas al margen, lo que está claro jurídicamente es que es una barbaridad dictar medidas preventivas al Senado por decisiones del Congreso, y por mucho que los tempos se podrían haber administrado de otra manera, la decisión del TC es una intromisión nunca vista sobre la soberanía del Parlamento español que rompe todas las reglas de la separación de poderes y que abre una crisis constitucional que debe ser tratada con responsabilidad, serenidad y sentido común pero con toda la fuerza de la democracia, que reside en el pueblo, es decir, en sus representantes en el Congreso y el Senado. El Partido Popular, desde que José María Aznar llegó a su presidencia en 1989, ha intentado convertir el aparato judicial en un estamento al servicio de sus intereses y ha deslegitimado siempre las victorias en las urnas de la izquierda.

Lo hizo con Felipe González, con Rodríguez Zapatero y ahora con Pedro Sánchez, y cuando los resultados electorales le son adversos utiliza el Supremo y el Constitucional para bloquear cualquier iniciativa de cambio de los gobiernos. Catalunya ha padecido con el procés esta judicialización extrema, llegando a prohibirse preventivamente debates legitimados por la democracia que han llevado a políticos elegidos democráticamente a la cárcel, retorciendo demasiadas veces las leyes al servicio de ideologías concretas. Ahora, la derecha y el ala conservadora del Constitucional usan las mismas armas para paralizar la renovación del propio TC y no perder la mayoría conservadora ante las próximas leyes del aborto, la familia y trans, en aras a una Constitución a la que muchos de sus predecesores votaron no.