Una renovación inaplazable

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el martes por unanimidad designar como magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a César Tolosa y María Luisa Segoviano, los candidatos propuestos por los vocales conservadores (aunque la jueza es de tendencia progresista), poniendo fin al bloqueo en la renovación de la corte de garantías. Ahora, el TC tendrá que validar también a los dos nuevos jueces nombrados por el Gobierno (la catedrática Laura Díez y el magistrado Juan Carlos Campo), y con la salida del TC de los magistrados cuyo mandato había caducado, este quedará compuesto por siete de sensibilidad progresista y cuatro conservadores. Buena noticia para la democracia porque el Partido Popular lleva años, desde el 89 más concretamente, intentando dominar por la vía de las togas lo que no consigue en las urnas.

La separación de poderes es sagrada en toda democracia que se precie, pero es evidente que es en el Parlamento donde reside la soberanía popular y que intentar bloquear todo avance social o político que avalan las Cortes por medio de la judicatura no es de recibo. Y el problema no reside entre los alrededor de 5.500 jueces que hay en España, sino en los 150 de la cúpula judicial, es decir, en los nombramientos del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, que pueden y de hecho marcan el devenir de leyes y decisiones políticas de calado que apoya una mayoría parlamentaria. Los episodios vividos en los últimos días han puesto de manifiesto que las derechas política y jurídica han sido capaces de tensionar las instituciones democráticas hasta límites insospechados, desprestigiando un poder ya de por sí dañado en los últimos años, y no solo por el procés de Catalunya.

La Justicia debe ser imparcial y los sesgos ideológicos no pueden bajo ningún concepto impedir avances en todos los ámbitos de nuestra sociedad si tienen el respaldo mayoritario de las Cortes o parlamentos. Hace bien también el grupo parlamentario socialista en mantener su plan de presentar una proposición de ley en el Congreso para reformar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, para que estos cambios no sean una cuestión puntual sino una obligación legal imposible de eludir. Otra de las cuestiones ligadas a la judicatura que convendría abordar es el acceso a la carrera judicial, porque siendo cierto que tanto el Gobierno central como la Generalitat dan ayudas para las carreras fiscal y judicial, también es verdad que los muchos años que comportan estas oposiciones hacen inviable para un estudiante medio destinar tanto tiempo a obtener una plaza.

Una sociedad moderna y avanzada no ha de tener castas ocupando los puestos más relevantes del mundo judicial, económico y político y la igualdad de oportunidades es básica para que estos estamentos representen el amplio abanico de ideologías que conviven en democracia.