EDITORIAL
La prórroga del caso Boreas
La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha acordado una nueva prórroga de seis meses en la instrucción del llamado caso Boreas, sobre supuestas irregularidades en la Diputación entre 2011 y 2018, según ha podido saber este periódico. El caso aún no ha llegado a juicio pese a que el registro en la Diputación se hizo hace cuatro años y la investigación se inició en 2014. Se da la circunstancia de que algunos de los investigados aún no han declarado pese al tiempo transcurrido.
De esta forma, la instrucción seguirá al menos medio año más a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de supuestos pagos de comisiones a responsables de la Diputación. La macrocausa abierta, que abarca la época en que la Diputación la presidía Joan Reñé, uno de los aproximadamente 40 investigados y al que le costó el cargo tras el registro en octubre de 2018, evidencia una vez más que la Justicia puede causar graves daños a personas, empresas e instituciones si dilata sus resoluciones en el tiempo. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, ya advertía el célebre filósofo, político y pensador Séneca.
Una de las piezas de la macrocausa con declaraciones pendientes es la que hace referencia a las presuntas adjudicaciones fraudulentas en unos contratos licitados por el ayuntamiento de Les y su exalcalde Emili Medan, uno de los imputados, que ni siquiera ha sido llamado a declarar. Hasta la fecha solo se sabe que una de las piezas separadas llegará a juicio, pero esta nada tiene que ver con la diputación de Lleida ya que Fiscalía pide 12 años para un exjefe de Carreteras de la Generalitat, Jordi Benet, por manipular supuestamente adjudicaciones a cambio de beneficios personales. Es cierto que la corrupción es una lacra de la política porque desprestigia no solo a quienes usan sus cargos para enriquecerse o beneficiar a una u otras siglas, sino a toda la clase política e instituciones, pero no por eso es de recibo imputar a 40 personas de firmas e instituciones leridanas y dejar que pasen años y más años sin juzgar o archivar la causa.
Equilibrios judiciales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su resolución sobre las cuestiones prejudiciales del juez instructor de la causa del procés Pablo Llarena sobre la euroorden contra el exconseller Lluís Puig denegada por las autoridades judiciales belgas, hace equilibrios entre dos conceptos básicos. Por un lado, los principios de confianza y reconocimiento mutuo entre los Estados miembros que irían dirigidos a conceder la entrega por principio general, y por otro lado, el derecho fundamental a un proceso justo que no persiga grupos políticos, lo que beneficia a las defensas de los exiliados.