Sí a la ley del aborto, bloqueada por el PP 12 años

La mayoría progresista del pleno del Tribunal Constitucional acordó ayer desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP a la ley de plazos del aborto de 2010, al retirar su apoyo a la ponencia elaborada por el magistrado Enrique Arnaldo, que, como los recurrentes, cuestionaba la legitimidad de uno de los preceptos de la ley y dejaba “vías abiertas” a recursos futuros en su texto. El magistrado Enrique Arnaldo, al comprobar la falta de respaldo del pleno a su ponencia, declinó de forma voluntaria la redacción de la nueva sentencia, que recayó, por orden del presidente Cándido Conde-Pumpido, en la vicepresidenta del plenario, Inmaculada Montalbán. Esta magistrada tendrá que redactar su texto para ser elevado al pleno para su aprobación en el plazo de un mes, según fuentes del Tribunal de Garantías, pero el recurso del PP, tras 12 años bloqueado, queda desestimado.

Minutos después de esta decisión, el líder del PP, cuyo partido recurrió ante el TC la ley del aborto, aseguró que la decisión le parece correcta y constitucional. Pues nada, después de hacer correr ríos de tinta, varias manifestaciones invocando el valor de la vida de los no nacidos y de titulares despectivos hacia el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y su propio cuerpo, el Partido Popular encuentra correcta la ley. Es decir, lo mismo que hicieron con la propia Constitución los miembros de Alianza Popular, después PP, que votaron que no, al igual que a la ley del divorcio y ahora con la ley del solo sí es sí.

Trabas e impedimentos a los avances en la igualdad que después con el tiempo acaban viendo correctos.

Okupaciones conflictivasEl Parlament aprobó el miércoles una nueva ley que permitirá a los ayuntamientos actuar ante okupaciones de pisos de grandes propietarios que generan problemas de convivencia vecinal. La norma, propuesta inicialmente por Junts per Catalunya, retoca la ley de vivienda de 2007 y el libro quinto del Código Civil catalán para crear el instrumento mediante el cual la administración puede actuar ante la justicia si el dueño del inmueble afectado no lo hace.

Se trata, sin embargo, de un texto descafeinado si se compara con el original, que buscaba que las comunidades de propietarios pudieran también iniciar ese tipo de procedimientos. Aunque los vecinos hayan quedado fuera de poder instar estos desalojos, la ley era muy necesaria porque en las comarcas de Lleida tenemos muchos consistorios con las manos atadas ante esta conflictividad vecinal que provocan algunos okupas, que no aceptan las normas de convivencia y que nada tienen que ver con ciudadanos vulnerables que okupan por necesidad.