Premios de jubilación con dinero público

El Parlament se ha gastado hasta ahora 3,9 millones de euros en premios de jubilación a altos funcionarios. Esta prima se ha pagado a 71 personas de las 81 que se han jubilado en el Parlament, lo que ha costado casi 4 millones de euros al erario público. Este privilegio es combinable con las licencias por edad, de forma que hay 34 funcionarios que han cobrado cinco años sin trabajar y que, al cumplir la edad de su final laboral, han percibido un año extra de sueldo, de hasta 100.000 euros.

El importe de la prima se adquiere de forma progresiva, según los años trabajados, y pretende compensar las características específicas de los servicios que prestan los funcionarios en la administración parlamentaria, la cual tiene unas funciones diferenciales basadas en el apoyo a la potestad legislativa, a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat y al control e impulso de la acción política y de gobierno. El artículo sobre el subsidio se introdujo el 1997, bajo la presidencia de Joan Raventós (PSC). Y es en 2008, durante la presidencia de Ernest Benach (ERC), cuando se aprueban las cláusulas más inéditas, siendo el paradigma la creación de las licencias por edad y la prima de jubilación.

Posteriormente, ningún presidente o presidenta de la Cámara Catalana modificó estas prerrogativas, hasta que durante la primera parte de este mandato, con Laura Borràs de presidenta, y a raíz de una información sobre estos sueldos del diario Ara, se modificaron algunas condiciones para acceder a ellas. Lo más preocupante de este caso es que el 99% de los diputados del Parlament aseguran que desconocían estas cláusulas, cuando se presupone que de la misma forma que se fiscaliza, o debería, cada euro público que se gasta, debería hacerse lo mismo con primas o sobresueldos de sus trabajadores. Las empresas privadas pueden hacer con su dinero lo que crean más conveniente, pero las administraciones públicas deberían ser mucho más escrupulosas con el gasto.

Los políticos y los funcionarios deben estar bien pagados porque su labor es importante y como en todo en la vida existen muchas letras entre la A y la Z, pero lo que está claro es que lo que cobran tanto sus señorías como los funcionarios debe ser público y conocido por todos los ciudadanos, incluidos los diputados.

El caso de Cervera

Educación debe actuar sin dilación ante el caso dado en el instituto Antoni Torroja de Cervera, donde desde el retorno de las vacaciones navideñas los alumnos de segundo de Bachillerato están sin profesor de matemáticas. Si las familias no pueden contratar a un exalumno porque la normativa lo prohíbe, al no tener la titulación adecuada, corresponde al departamento poner un sustituto de inmediato.