Por una gestión rigurosa del empleo público

El empleo público está ganando peso en el mercado laboral de Lleida. Así lo constatan los datos sobre los nuevos asalariados en el último año, ya que más de uno de cada tres han encontrado ocupación en distintas administraciones. Concretamente, son 1.128 de un total de 2.894, lo que representa el 35%.

La mayoría de estos nuevos trabajadores públicos, algo más de ochocientos, son de la Generalitat; cerca de doscientos, de la administración local, y una sesentena, de la estatal. El porcentaje de los asalariados que dependen de las administraciones (28.023) en relación con su número total (151.678) es del 18,4%, bastante por encima de la media de toda Catalunya, que es de alrededor del 11%. El incremento del número de empleados públicos no suele tener buena prensa entre buena parte de la población –a pesar de que cada vez hay más aspirantes a ocupar uno de estos puestos–, pero de entrada no es malo.

Si queremos más personal sanitario, más policías o más docentes, esto obliga a que haya más funcionarios u otro tipo de figuras similares, como el personal estatutario del Institut Català de la Salut o el laboral indefinido de entes que dependen de la administración. Ahora bien, los que dirigen estas instituciones deberían evitar que haya duplicidades tanto dentro de la suya como con las demás, garantizar que todos los puestos de trabajo tienen funciones efectivas y velar porque realmente se cumplan las premisas de igualdad, capacidad y mérito para acceder a una plaza de funcionario. También habría que analizar cuestiones como por qué no hay medidas efectivas que fomenten la productividad de estos empleados, sino más bien lo contrario, ya que, por ejemplo, no tiene sentido que algunas administraciones estén pagando un complemento de productividad solo por ir a trabajar, por lo que lo recibe igual tanto el que lo hace bien como el que lo hace mal.

Más que poner el foco en el número de trabajadores, hay que ponerlo en la necesidad de que haya una gestión rigurosa del dinero público y que las plazas se cubran asegurando la igualdad de oportunidades para todos.

El catalán en la justiciaLa administración de justicia es uno de los ámbitos en los que el uso del catalán es más minoritario. Según los últimos datos de la conselleria de Justicia, solo un 12,4% de las demandas presentadas en Lleida fueron en esta lengua, y el índice a nivel de Catalunya todavía es peor, del 6,2%.

Por eso es necesario denunciar que a estas alturas todavía haya actitudes obstruccionistas como la de un secretario judicial de Cervera que ha ordenado traducir al castellano un escrito en catalán, cuando el mismo Estatut establece que ningún juzgado puede impedir hacer los trámites en esta lengua oficial.