Reforma de las pensiones

Una amplia mayoría del Congreso convalidó ayer el real decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad de este sistema público. Esta es la segunda reforma de estas prestaciones que acomete el Gobierno de coalición, que pone punto y final a la impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. La iniciativa supone un cambio de paradigma que permite abordar el reto demográfico a través de un conjunto de medidas que debe garantizar la suficiencia del sistema, algo fundamental para los presentes y futuros jubilados.

La medida, ya en vigor desde el pasado 16 de marzo y que será tramitada por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley, recibió el respaldo de 179 diputados de PSOE y Podemos y la mayoría de sus aliados parlamentarios, como ERC, PDeCat, PNV, Más País o Compromís. Los 104 “no” fueron básicamente de la derecha de PP y Cs, mientras que Vox se abstuvo, al igual que Junts y HB Bildu. CUP y BNG también votaron negativamente.

La nueva norma ya contaba con el aval de los dos principales sindicatos españoles (UGT y CCOO) pero no el de la patronal, que finalmente se descolgó. Las principales novedades son la aplicación gradual del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que irá desde el 0,6% actual al 1,2% en 2029, sustituyendo al factor de sostenibilidad, aprobado sin consenso en 2013. También se incluye la cotización por periodos de prácticas, sean remuneradas o no, y en el marco de la mejora del sistema de pensiones se incluye la nueva cotización por ingresos reales para autónomos.

Seguramente se podrían poner peros tanto a la edad de jubilación, cada vez más tardía si comparamos con otros países europeos, como a las cotizaciones de las pequeñas y medianas empresas, pero lo realmente fundamental, su futuro, debe garantizarse y esto es lo más importante para millones de trabajadores, los que están en activo, los que ya son pensionistas y los que estudian para incorporarse al mundo laboral.

La condena de Laura Borràs

El TSJC ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, aunque la misma sentencia incluye una petición de indulto parcial por ver desproporcionada la pena solicitada por la Fiscalía, lo que evitaría su entrada en la cárcel. A partir de ahora, Borràs debe llevar su legítimo recurso de defensa al ámbito particular y dar un paso al lado en la política del Parlament para no perjudicar ni a su partido, Junts, ni a la Cámara Catalana.