Primera ley de vivienda

El Congreso aprobó ayer la primera ley de vivienda con la que se pretende contener el precio de los alquileres, un debate clave en un momento en el que este derecho se ha convertido en un asunto central de la precampaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se felicitó por haber superado el trámite de la cámara baja y agradeció este “hito” “para la mayoría social”, y en particular, para los “jóvenes”. La iniciativa recibió 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención.

El texto ha sido pactado entre el Ejecutivo de coalición con ERC y EH Bildu y ha recibido el rechazo de PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT y Coalición Canaria. Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales, se declaró “orgullosa de defender la primera ley de vivienda de la democracia”. “Pierde la banca, pierden los fondos buitre y gana la gente”, sentenció.

Raquel Sánchez, ministra de Transporte, coimpulsora de la ley en el Gobierno junto a Belarra, precisó: “Esta ley no va en contra de nadie, busca reorientar toda la política de vivienda”. Las estadísticas y estudios comparativos entre ciudades y países demuestran que solo las limitaciones rigurosas del alquiler son capaces de reducir las desigualdades, y como ejemplo tenemos precisamente la ley catalana, que estuvo en vigor entre 2020 y 2022 y que logró bajar los precios entre un 4 y un 6% en los municipios regulados, cosa que no sucedió en los no regulados. En cambio, cuando hay resquicios en la ley, el mercado los identifica muy rápido, y encuentra la manera de seguir aumentando las rentas, como el caso de los pisos turísticos de Barcelona.

La regulación aprobada ayer logra algunos avances muy importantes que los sindicatos llevan años promoviendo, como que las inmobiliarias no puedan seguir cobrando honorarios a los inquilinos por un servicio que dan a los caseros. Pero en lo que respecta a la regulación de precios del alquiler, la actual propuesta tiene vías de escape, sobre todo en los alquileres de temporada, un gran problema en la costa y también ya en el Pirineo, porque encarece los pisos hasta al punto de que algunos trabajadores de servicios han de vivir en caravanas por no poder hacer frente a los costes de alquiler. En el otro polo, encontramos a los propietarios y portales inmobiliarios que acusan al Ejecutivo de dejar “desprovistos de seguridad jurídica” a los propietarios y de no resolver el gran problema de vivienda de hoy en día, que es la falta de oferta y las dificultades que encuentran los promotores para la construcción de vivienda, tanto social como de libre mercado, por los altos costes de materiales y por la tramitación burocrática.

El tiempo quitará y dará razones, pero resulta evidente que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución y que todas las administraciones han de implicarse en garantizarlo y han de legislar para conseguirlo.