Desigualdad social versus ayudas universales

Un informe que Save the Children hizo público hace dos semanas cifra en 378.500 los menores de 18 años de Catalunya que están en situación de pobreza, lo que representa el 27,5% del total. También indica que un 19% de los niños son de familias sin los ingresos suficientes para poder mantener su vivienda a la temperatura adecuada. Son datos que reflejan el empobrecimiento que muchas familias han sufrido en los últimos años.

Dejando de lado a los defensores del libre mercado sin trabas, seguro que la gran mayoría de los ciudadanos que creen que las administraciones deben ejercer una función social priorizando la ayuda a las personas que tienen menos ingresos estarán de acuerdo en que este colectivo de menores debería figurar entre sus beneficiarios. Precisamente, el Consell Executiu de la Generalitat aprobó el martes conceder vales de 100 euros para la compra de material escolar para cada uno del medio millón de niños que cursan entre I5 y quinto de Primaria, 25.232 de ellos de las comarcas de Lleida. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, afirmó que se trata de una medida para “garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad educativa”.

Ahora bien, no estaría de más analizar si la igualdad de oportunidades se mejora dando la misma ayuda por un concepto a un niño cuya familia tiene pocos ingresos, de menos de 10.000 euros al año, por poner solo un ejemplo, que a otro cuya familia cuenta con un patrimonio millonario. Está claro que las administraciones deben garantizar servicios básicos de calidad para el conjunto de la población, independientemente de su renta, pero en un contexto de desigualdad cada vez más rampante, donde la riqueza se concentra en menos manos y el número de los que tienen dificultades para llegar a final de mes va in crescendo, hay que preguntarse si tienen mucho sentido ayudas universales que comportan episodios como el vivido en la comunidad de Madrid, donde su vicepresidente, Enrique Ossorio, del PP, y la familia de la líder de Más Madrid, Mónica García, también cobraban el bono social para las familias numerosas.

Listas fantasma otra vez

Varias formaciones, principalmente socialistas, populares y Vox, han presentado de nuevo decenas de listas fantasma en municipios de Lleida, integradas por militantes o personas relacionadas con estos partidos que no tienen ningún vínculo –o en todo caso muy circunstancial– con esas localidades. El principal beneficio que obtienen es que un mayor número de candidaturas comporta un mayor techo de gasto electoral. Sin embargo, se trata de una práctica que contribuye al descrédito de la política entre la ciudadanía.