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El concepto de familia no queda limitado a las familias de origen matrimonial, señala el texto de la ley impulsada y aprobada por el actual Gobierno español. Así, la ley que se ha diseñado como respuesta a la realidad de nuestro país y que pretende asegurar la igualdad de derechos destaca 20 tipos de familia: familias biparentales, monomarentales o monoparentales, jóvenes (menores de 29 años), LGTBI homomarentales u homoparentales, familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza (actuales familias numerosas), familias en que exista una sola persona progenitora, familias en que existan personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, familias múltiples (en las que existen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples), familias en las que se produzcan adopciones o acogimientos o familias reconstituidas (con hijos de anteriores relaciones). También residentes en el medio rural, inmigrantes, transnacionales, interculturales, en el exterior, retornados, en situación de vulnerabilidad, personas solas, personas unidas en matrimonio, o parejas de hecho inscritas.

Y como en tantas leyes que persiguen amparar los derechos individuales, nadie obliga a nada y las familias tradicionales de padre-madre e hijos gozan de la misma protección que cualquiera de estas nuevas tipologías que solo vienen a dar forma legal a una realidad que existe en la calle y en las casas, muchas de las cuales han existido siempre, pero ahora tienen la visibilidad y normalidad que merecen.

Sueldos al alzaLos sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme han logrado un preacuerdo que sirve de recomendación salarial en la negociación colectiva y que pasa por subidas de sueldos del 4% en 2023 y del 3% para 2024 y 2025. Se cierra así una pugna que ha durado meses y que en los últimos días se había recrudecido con declaraciones de los ministros socialistas y de Podemos, con motivo del Primero de Mayo, en que pidieron a los empresarios adaptar sueldos a la inflación y repartir beneficios o iniciarían movilizaciones en las calles.

En Lleida, este incremento de los sueldos puede comportar hasta 436 millones de euros en los próximos tres años, lo que sin duda puede beneficiar a la economía de nuestras comarcas, diezmada el año pasado por el descenso de la renta agraria debido a las heladas y que de nuevo volverá a caer este 2023 por la sequía. Disminuir las desigualdades sociales es una obligación de los gobiernos y evitar que el 1% de la población acapare la riqueza, mientras la vulnerabilidad de la mayoría de hogares crece, también. Un objetivo de mayor igualdad y menos desequilibrios que beneficia al conjunto de la sociedad.

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