La vivienda en el centro del debate político

La Generalitat aprobó ayer iniciar el proceso de expropiación de pisos vacíos propiedad de grandes tenedores en 14 municipios declarados como área de fuerte demanda de vivienda para destinarlos a alquiler social. Se trata de domicilios que lleven desocupados al menos dos años, pertenezcan a propietarios que cuenten con más de 15 viviendas y que figuren en el Registro de viviendas vacías, en el cual hay contabilizadas 31.918 a día de hoy en toda Catalunya. En una primera fase, se actuará en Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Figueres, Lloret de Mar, Salt, Girona, Reus, Roda de Berà, Tarragona y Valls, donde se han identificado 189 viviendas vacías.

De estas, el Govern prevé poder comprar entre 50 y 70, según el precio de expropiación, con una “hucha inicial” de 5 millones de euros. Los próximos días se enviarán los primeros requerimientos para que los propietarios de las viviendas acrediten legalmente la residencia de personas en las mismas y, si no lo hacen en el plazo de un mes, se declarará el incumplimiento de la función social del piso y se iniciará el procedimiento de expropiación. El Govern contactó con 45 ayuntamientos de toda Catalunya en los que existe una “demanda fuerte y acreditada” con familias en lista de espera de la Mesa de Emergencia.

De todos ellos, 14 solicitaron participar en la iniciativa. Según fuentes cercanas al proceso, ningún municipio de la Plana de Lleida ni el Pirineo, así como de les Terres de l’Ebre, podían optar a participar en esta primera fase de la iniciativa al no contar con zonas de alta demanda residencial acreditada, pero sí podrían entrar en una segunda fase, sobre todo Lleida ciudad. La previsión es que en unos seis o siete meses, es decir para el año que viene, los pisos expropiados puedan pasar a manos del Institut Català del Sòl (Incasòl) y ponerse a disposición de las personas vulnerables que los necesitan.

El alquiler, por su parte, lo gestionará la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Evidentemente, es un paso pequeño, al igual que la ley que incorpora la posibilidad de que los ayuntamientos puedan instar los desahucios de okupas conflictivos no vulnerables, pero al menos pone sobre la mesa un problema que hace tiempo que es evidente y del que todo el mundo habla pero del que poco se hace: falta vivienda, tanto social para personas sin recursos, como nuevas promociones a precios asequibles para jóvenes y clase media. Los alquileres están por las nubes, las hipotecas suben y los promotores dicen que no pueden construir por los elevados costes, mientras existen miles de plazas vacías en manos de la Sareb o a medio construir.

Nadie dice que sea un problema fácil de resolver, pero lo que sí está claro es que debe ser un tema prioritario para todos los gobiernos y que desde los ayuntamientos a la Generalitat y Estado deben abordarlo ya.