El sistema educativo necesita consenso

El curso escolar terminó ayer con el fin de las clases en Infantil y Primaria, después de que el martes ya hubieran acabado las de ESO y Bachillerato. En principio, todas las escuelas de Lleida tienen la continuidad asegurada para el próximo, que comenzará el 6 de septiembre, consolidando así el avance de su inicio con respecto a las fechas que eran habituales hasta este curso. Precisamente, la vuelta más temprana a las aulas ha sido el principal cambio aplicado durante la etapa como conseller del leridano Josep Gonzàlez-Cambray, que fue relevado en el cargo hace unas semanas, después de que su figura quedara muy erosionada por su constante enfrentamiento con los sindicatos y otros sectores de la comunidad educativa, como padres y directores, por esta y otras iniciativas.

Y es que en lo que respecta al calendario escolar, aunque finalmente recibió el apoyo de las Asociaciones de Familias de Alumnos (Affac) para mantener el adelanto del comienzo del curso, hace un año desoyó su propuesta de aplazar esta medida en aras de buscar el consenso y de resolver aspectos como si las tardes de septiembre debían ser lectivas (como así será) o no, como sucedió en el curso que ahora acaba. Y la relación con los sindicatos estuvo marcada por las movilizaciones constantes de estos, incluidos varios días de huelga, y rectificaciones a última hora para evitar más protestas, como sucedió con la reducción de las horas de clase de los docentes que entró en vigor en enero, en medio del curso, o con la marcha atrás en la previsión de que tuvieran que acudir a los centros los primeros días de julio. Curiosamente, el cese de Cambray llegó cuando estaba a punto de firmar un acuerdo con los sindicatos sobre diversas cuestiones laborales.

Su sucesora, Anna Simó, otra política de origen leridano, defendió ayer que los cambios implantados por su antecesor “han venido para quedarse”, con lo que queda claro que mantendrá la orden de que las clases comiencen el cuarto día laborable de septiembre. Ahora bien, aunque defendió que siempre ha habido diálogo, destacó que su intención es consensuar las decisiones que afecten al sistema educativo con el Consell Escolar de Catalunya, un órgano consultivo en el que están representados todos los actores de la comunidad educativa. Precisamente, la búsqueda del consenso sobre el conjunto de la normativa que regula la educación debería ser la gran prioridad de los gobiernos con competencias en este ámbito.

Lo habitual en Catalunya es que cada conseller ordene cambios de rumbo con respecto al anterior, incluso aunque sean del mismo partido. Y en España, que cada vez que el PSOE o el PP se relevan en el Gobierno central, como es probable que suceda tras las generales del 23 de julio, haya una nueva ley orgánica, aunque la anterior no esté desplegada al completo. Así es imposible construir un sistema educativo de calidad.