Sin inmunidad y vuelta a empezar

El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado las alegaciones de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí contra el suplicatorio concedido por el Parlamento Europeo y en consecuencia les retira la inmunidad parlamentaria. En esta ocasión y a diferencia de otras resoluciones llenas de matices, el tribunal europeo ha sido claro y contundente: desestima todas y cada una de las alegaciones presentadas por Puigdemont y se alinea claramente con el Parlamento europeo, que en su opinión hizo correctamente la tramitación, considerando irrelevante que el presidente de la comisión que tramitó el expediente fuera de Ciudadanos o que el ponente represente a un partido ultraderechista búlgaro. En opinión de los juristas no hay ninguna ilegalidad y explica que no corresponde al Parlamento europeo analizar los actos judiciales españoles y que el procedimiento judicial no se ha incoado con la intención de dañar la actividad de los diputados, porque los hechos imputados se cometieron en 2017 mientras que no adquirieron la condición de diputados hasta 2019.

Sin duda es una derrota de las tesis de Puigdemont, que de momento se queda sin inmunidad, aunque ya se ha anunciado otro recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo queda la situación jurídica ahora? El juez Llarena puede reactivar las euroórdenes y pedir la extradición de Puigdemont a las autoridades belgas, pero hay que tener en cuenta que el suplicatorio refrendado ayer, al margen de que no es firme, está concedido por el delito de sedición que ya no está vigente, por lo que parece previsible que la justicia belga le reclame un nuevo suplicatorio por los delitos de malversación y desórdenes, que sí son de aplicación en el caso. Es decir, volveríamos a la casilla de salida con una nueva euroorden y un nuevo suplicatorio con sus previsibles recursos y teniendo en cuenta que el Parlamento europeo se renueva en el primer semestre del año y que también faltará la resolución del recurso anunciado ayer por Puigdemont, el galimatías jurídico aún se dilatará durante años y estamos aún muy lejos de una posible resolución del caso en los tribunales.

Por lo que respecta a las consecuencias políticas, es evidente que Puigdemont no podrá cenar en Barcelona como habían insinuado algunos en caso de sentencia favorable, ni participar directamente en la campaña electoral que empieza mañana y aunque haya perdido fuerza el mantra de que los independentistas ganaban en los tribunales europeos lo que perdían en los españoles, lo cierto es que estamos ante una anomalía política que también exige soluciones políticas. Mientras Puigdemont siga en Bruselas no se podrá hablar de normalidad y hay que buscar fórmulas, respetando la justicia, para encontrar una vía favorable. Con Sánchez es posible trabajar para encontrarla, pero con Núñez Feijóo será imposible.