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Pese a constituirse en plena campaña electoral, la Diputación de Lleida mostró el martes un cordial entendimiento entre los potenciales adversarios del 23-J, manteniendo el espíritu de consenso que ha marcado la trayectoria de la corporación provincial. Han cambiado algunos de los socios, pero se mantiene la presidencia en manos de Joan Talarn y a grandes rasgos se anuncia la continuidad en la gestión con respecto a los últimos cuatro años, la bautizada como “gobernanza republicana” a la que ahora se añade la expresión “de progreso” con la incorporación de los socialistas y de Unitat d’Aran. Lo más significativo con respecto al mandato anterior es que se ha roto el bloque independentista, ERC-Junts, que había gobernado, no sin ciertas tensiones internas y con tendencia a la bicefalia, y que su incapacidad para alcanzar pactos suficientes ha dejado fuera del gobierno al grupo que obtuvo más diputados, diez, en las elecciones el 28-M.

Es una muestra más de la brecha independentista y también de los problemas de liderazgo que tiene en Lleida el espacio posconvergente, fragmentado en Junts, Impulsem y el Pacte Local de Rosa Pujol, que continúa en el equipo de gobierno. En el nuevo mandato, son cuatro socios, ERC, PSC, Unitat d’Aran y el citado Pacte Local, pero ya avanzó el presidente Talarn que será un solo gobierno, en el que cambiarán algunas personas y sensibilidades políticas, pero manteniendo una misma línea de actuación. El objetivo ha de ser que funcione como “ayuntamiento de ayuntamientos”, que los servicios y las ayudas lleguen con rapidez a todos los municipios por pequeños que sean y que estas sean concedidas por criterios objetivables y no en función del color político.

Se han hecho muchas cosas bien, especialmente en el terreno de la promoción turística, pero también queda mucho por hacer y la Diputación ha de ser un instrumento eficaz en la lucha contra la despoblación que amenaza nuestras comarcas y en superar las brechas que discriminan a los habitantes de pueblos pequeños.

Fruta por el suelo. Es una imagen que a nadie le gusta ver: la de payeses que tienen que tirar la fruta al suelo porque no es rentable recogerla y no puede aprovecharse ni para la comercialización ni para la industria, pero que lamentablemente se está produciendo a consecuencia de la sequía, que ha mermado la calidad, y también de la insuficiencia de las ayudas anunciadas para combatirla, que de momento aún no se han concretado. Los payeses reclaman información a la conselleria de Agricultura para conocer cómo se articularán las ayudas y si son necesarias las peritaciones en el árbol, antes de que la fruta se pudra y se convierta en un foco de enfermedades.

Agricultura debe actuar con celeridad.

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