La censura como bandera

El ayuntamiento de Borriana ha cancelado las suscripciones a las revistas catalanas Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock y Llengua Nacional que podían consultarse en la biblioteca municipal porque “el ayuntamiento no quiere seguir promoviendo el separatismo catalán con el dinero de los burrianenses”. Es una más de las barbaridades que ha empezado a cometer Vox en cuanto ha aterrizado en los ayuntamientos con el consentimiento de sus socios del PP. La lista ya es demasiado larga: en Valdemorillo se censura Orlando de Virginia Woolf, a Vox tampoco le gusta La villana de Getafe de Lope de Vega por supuesto contenido sexual, en Briviesca se prohíbe una obra de teatro sobre un maestro republicano, en Bezana (Cantabria) se censura una película porque aparecen dos mujeres besándose y en Gijón la concejala de Cultura anuncia que no contratará artistas que se expresen en asturiano.

Todo un rosario de censuras por cuestiones ideológicas, sexuales o idiomáticas de las que Vox además se siente orgullosa porque, en palabras de su presidente, esta misma semana quiere “liberar la cultura del actual secuestro ideológico”. Es grave y amenaza con empeorar, pero lo de Borriana aún es más triste porque la censura de las revistas es única y exclusivamente porque están editadas en catalán. Es ridículo pensar que revistas infantiles como Camacuc o Cavall Fort puedan alimentar el separatismo, pero sí es cierto que representan un vehículo para que los niños accedan a la cultura y la lengua catalana.

Y esto es lo que Vox persigue en Borriana porque allí ha accedido a la conselleria de Cultura y su primer objetivo es perseguir el catalán y lo seguirá haciendo si accede a más parcelas de poder, porque parece evidente a tenor de los casos descritos que el PP comparte estas decisiones y no ha tenido inconveniente en ceder a la extrema derecha la gestión del área cultural en los municipios en los que ha necesitado sus votos. Ya ha habido una respuesta de la sociedad civil catalana con ofrecimiento de nuevas suscripciones, pero hace falta que la ciudadanía también sea consciente del peligro que representan estas opciones si llegan a gobernar y actuar en consecuencia el 23-J. Precedente peligrosoLa Audiencia de Huelva ha condenado a una periodista a dos años de cárcel por publicar datos de un sumario que ya no era secreto.

Los magistrados reconocen la veracidad de los datos y su carácter público pero la condenan por publicar “datos ajenos a lo noticiable que exceden de cuanto pueda tener relevancia informativa”. Es decir, aplican criterios morales y no jurídicos y deciden ellos lo que es noticia en un precedente muy peligroso para la profesión que amenaza la misma libertad de información.