EDITORIAL
El mundo rural necesita inversiones
Las comarcas de Lleida han visto reducir sus núcleos abandonados en las últimas décadas y el problema de la despoblación tiene ahora dos realidades muy diferentes. Por una parte, los pueblos turísticos han ganado vecinos gracias a las pistas de esquí, el excursionismo, los deportes de aventura y la mayor y mejor oferta de ocio en verano, lo que en algunas localidades ha comportado un alza considerable de los precios de la vivienda, que perjudica a los propios vecinos y como ejemplo el alcalde de Riu de Cerdanya y sus dificultades para asumir el coste de una casa en este pueblo, noticia de la que informó ampliamente este diario. No es el único caso, ya que son muchos los trabajadores temporales del turismo que deben dormir en caravanas por los elevados precios del alquiler.
Pero esta realidad no es el único paisaje de los núcleos rurales, dado que existen todavía una sesentena de pueblecitos abandonados y diseminados que buscan una oportunidad para revivir y poder diversificar así la economía de montaña, demasiado ligada todavía al turismo y con urgente necesidad de recuperar el sector primario. Para que estas localidades puedan recobrar la vida que tuvieron antaño, todas las administraciones han de implicarse en el valor del mundo rural y dotarles de los servicios sanitarios, educativos, logísticos, tecnológicos y sobre todo de infraestructuras preceptivas para ello. La pandemia ha abierto de forma rápida las puertas al teletrabajo y la misma Covid realzó la importancia del sector agroalimentario y de la salud mental que proporciona un entorno natural, pero sin inversiones y servicios el equilibrio campo-ciudad será imposible.
La celeridad del TCEl Constitucional ha denegado el recurso de amparo presentado por el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo en su contra por los delitos de desobediencia y malversación. La decisión se ha tomado sin esperar al pleno en la llamada Sala de Vacaciones (asume los asuntos urgentes durante el mes de agosto) gracias a los votos de dos magistrados conservadores: Concepción Espejel, que ejerce como presidenta y a la que Puigdemont intentó recusar por su cercanía con el PP, y César Tolosa. La progresista Laura Díez, que votó en contra, ha presentado un voto particular discrepante en el que critica la “premura” de esta decisión y recuerda que la práctica seguida hasta ahora en relación con los recursos del procés era admitir las peticiones para estudiar al detalle su contenido en el pleno.
Mucha celeridad parece, pues, en pleno verano y un torpedo directo a la posibilidad de negociación entre el soberanismo catalán y el PSOE.