El dilema del rey

Este jueves se constituye el Congreso que surgió de las urnas el pasado 23 de julio y de la elección del presidente y la mesa se podrán empezar a colegir los primeros indicios de posibles pactos de cara a la investidura. De entrada, se repite el jeroglífico que hemos vivido desde las elecciones de 2015, que tuvieron que repetirse seis meses después al no haber conseguido nadie los votos suficientes para ser investido, panorama que se repitió en 2019 y que de momento nadie debería descartar rotundamente. El mecanismo constitucional prevé que, una vez constituido el órgano legislativo y tras la preceptiva comunicación al rey, este empieza un periodo de consultas con los portavoces de cada grupo que acaba con el encargo de la investidura a quien considera que tiene opciones de conseguirla.

En los mecanismos constitucionales diseñados no hay ninguna cláusula que obligue al monarca a encargar gobierno a la formación más votada o que cuente con más representación parlamentaria y de hecho en 2015 Rajoy, que había sido el más votado, eludió esta responsabilidad con el argumento de que no disponía de los votos suficientes en un intento de forzar la abstención del PSOE que sí consiguió parcialmente, con el voto en contra del PSC y la renuncia de Sánchez tras las elecciones celebradas seis meses después. En este caso, Núñez Feijóo sí parece reclamar la opción de intentar la investidura, y más tras el cheque en blanco de los diputados de Vox, pero a tenor de la negativa frontal del PNV a prestar su apoyo, será difícil que consiga los 176 votos necesarios. Por el contrario, y a la espera de que se acaben las negociaciones, Pedro Sánchez sí que puede sumar la mayoría suficiente para ser investido y aquí se plantea el dilema del rey: encarga la investidura al candidato más votado aun a sabiendas de que no conseguirá la mayoría suficiente o lo hace con el segundo candidato más votado que a priori tiene más posibilidades de conseguir más votos a favor que en contra como se requiere en la segunda votación.

Si encarga la investidura a Núñez Feijóo puede ser acusado de dilatar los trámites a sabiendas de que no prosperará e incluso de “quemar” al candidato popular con dos votaciones fallidas, mientras que si no lo hace también se le achacará que obvia la voluntad popular expresada en las urnas y que deja la gobernabilidad de España en manos de quienes quieren romperla y que, en algunos casos, ni siquiera han acudido a las consultas previas a la Zarzuela. Haga lo que haga, recibirá críticas en uno u otro sentido pero tendrá que asumirlas porque es imprescindible que opte por uno u otro para que empiece a correr el reloj parlamentario que nos abocaría a nuevas elecciones si ninguno de los dos candidatos consigue en dos meses desde el primer intento la mayoría suficiente. Algo que ya hemos vivido en las dos legislaturas anteriores.