Cuenta atrás para la investidura

La decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de fijar el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo en los próximos días 26 y 27 de septiembre (en primera sesión se requiere mayoría absoluta de 176 diputados y en la segunda más “síes” que “noes”) hará que empiece a correr el tiempo legal de dos meses para una hipotética repetición electoral que sólo se celebraría en el caso de que fracase esa primera oportunidad del líder del PP y todos los demás intentos de investidura, de Pedro Sánchez o, de nuevo, de Feijóo, que se produzcan en ese periodo. Si durante el mismo periodo ningún candidato obtiene los apoyos necesarios, se disolverán las Cortes y se iniciará un nuevo tiempo electoral, con una campaña de sólo una semana que arrancará la noche de Reyes, y las elecciones se celebrarían el domingo 14 de enero. Esta fecha viene determinada por la Constitución, que en su artículo 99 establece que, “si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso”.

Se abre, pues, la etapa de negociaciones que, en el caso de Feijóo, sólo empleará para intentar convencer al PNV de que permita con su sí o abstención un gobierno conservador y para dinamitar tanto como pueda la alternativa progresista. El PP quiere una repetición electoral porque está convencido de que parte de los electores del PSOE cambiarán de voto ante la tesitura de que Pedro Sánchez sólo podrá gobernar con el apoyo de los independentistas. La opción del PNV ha sido descartada desde el primer día por los vascos por su rechazo radical a unirse a Vox, partido que ha dicho con luz y taquígrafos que ilegalizaría todas las siglas soberanistas si estuviera en su mano.

Por tanto, para no ir a las urnas el 14 de enero del 2024, la única opción que queda es el bloque progresista con el apoyo de Junts y PNV. Tal posibilidad es también complicada porque los de Carles Puigdemont ya han anunciado, por activa y por pasiva, que en esta ocasión no se conformarán con promesas de diálogo, sino que quieren hechos concretos que pasen por la amnistía y autodeterminación, dos premisas muy complicadas de cumplir para el PSOE antes de noviembre. Llegados a este punto, sólo cabe pedir a todos los actores de estos posibles pactos que no olviden que por encima de sus intereses de partido, egos, guerras internas, presiones mediáticas, empresariales o judiciales, existen los ciudadanos, que deberían ser los destinatarios de todas sus decisiones. Y que tienen una oportunidad histórica de comenzar un nuevo camino en la política del Estado español y dejar atrás la transición, con sus pros y sus contras, y constituir un estado plurinacional y moderno.