Tasa justa de la basura

Un centenar de municipios de Lleida preparan la implantación de la denominada tasa justa de la basura, que implica el cobro personalizado del gravamen a cada usuario del servicio de modo que será proporcional a lo bien o lo mal que separe los residuos para su reciclaje. Según la Agència de Residus de Catalunya, actualmente solo Lleida ciudad (entre los 231 municipios de la demarcación) tiene aprobada una tasa justa, pero que aún no aplica. Pero desde 2019 la ARC ha otorgado ayudas a proyectos de implantación de esta tasa personalizada, o estudios para hacerlo, a 9 entes locales y supramunicipales que lo han pedido y que incluyen a 94 municipios.

En su mayor parte, señala la agencia, estos proyectos están en ejecución. En cuanto estén implantados, la tasa justa será una realidad. En Catalunya, solo hay 13 municipios con tasa justa pero la preparan un total de 317.

No solo la Generalitat impulsa el reciclaje de residuos. También la UE y el Estado tratan de generalizarlos. Las intenciones son loables y claras, pero esta implantación tiene muchos problemas colaterales que hoy por hoy no están resueltos en ningún municipio catalán.

El porqué es evidente, por muchos chips que se implanten sin un control del vertido y las multas consecuentes será muy complicado avanzar en esta tasa justa y solo hay que comprobar el estado de los contenedores o de las bolsas amontonadas donde está implantado el puerta a puerta para comprobar que caminamos hacia una recogida más limpia y sostenible, pero que estamos todavía muy lejos de conseguirlo.Catalán y aranés al CongresoEl Congreso apura un poco más los tiempos para que los diputados puedan hablar en las lenguas oficiales ya en los plenos de la próxima semana. La Mesa llegó ayer a un acuerdo para que catalán, aranés, euskera y gallego se puedan usar de forma inmediata con un sistema de traducción habilitado para que todo el mundo pueda entender los discursos. Precisamente en esas sesiones de la semana que viene, que se celebrarán el martes y el jueves, el Congreso aprobará la modificación del reglamento que regula que estas lenguas se puedan usar en todos los ámbitos de la Cámara Baja.

Buena iniciativa de los grupos parlamentarios nacionalistas de todo el Estado, avalada por la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha apostado por esta pluralidad lingüística que avala la Constitución desde que tomó posesión del cargo. Pero el problema del catalán no está hoy por hoy en que se pueda usar en las Cortes, sino en la calle, dado que su retroceso cotidiano es una evidencia demostrable que las instituciones catalanas deben revertir de forma inmediata y prioritaria.