El precio de la vivienda

Los leridanos destinaron de media en 2023 el 16,1% de la renta bruta familiar a pagar el alquiler y el 15,2% la hipoteca, según el estudio La accesibilidad a la vivienda en Catalunya elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona. En ambos casos se trata de los segundos porcentajes más bajos de las dieciséis ciudades estudiadas de Catalunya, solo por debajo de Manresa. El informe analiza también el esfuerzo familiar económico en vivienda por comarcas, con unos índices en Lleida también inferiores a la media catalana, con excepción de Aran, en la que el 39,8% de los ingresos son para pagar la hipoteca, el segundo índice más alto de Catalunya por detrás de la Cerdanya, con un 42,1%. La Cámara de Comercio de la Ciudad Condal apuesta por un pacto de país para combatir el grave problema de los altos precios de la vivienda en Catalunya y reclama incentivar la inversión privada y más gasto público en pisos sociales, en lo que estamos totalmente de acuerdo. Pero en el caso de Lleida ciudad y el llano sería importante que todos los agentes políticos y sociales supieran aprovechar estos precios, que, siendo altos, son de los más bajos de Catalunya, para poner en valor Ponent, su situación estratégica y de proximidad con Barcelona, la costa, Aragón, el conjunto del Pirineo y su salida hacia Francia y Andorra, para diseñar un horizonte de mayor prosperidad. Es evidente que las grandes ciudades tienen ventajas a la hora de ofrecer empleo, servicios, cultura y ocio, pero, además del precio de la vivienda, Ponent debe poner en valor la indiscutible mejor calidad de vida del entorno rural. Horizonte 2030El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, presentó ayer los cuatro grandes pactos de ciudad que plantea el PSC para llegar al horizonte 2030 con garantías de que la capital de Ponent sea una población próspera, sostenible, social y cívica, cuatro ejes que todos compartimos, pero que requieren en primer lugar de un mayor tejido empresarial, para lo cual es imprescindible que el polígono de Torreblanca sea una realidad sin más dilación. Las 1.700 viviendas sociales son un gran anuncio, al igual que las comunidades energéticas, pero todos los consistorios y la propia Generalitat proyectan inversiones en este capítulo que no se concretan o que se prolongan tanto en el tiempo que ya no son efectivas. Y en cuanto a una ciudad cívica y sostenible, nadie puede ponerle un pero a la aspiración, pero el actual equipo de gobierno requerirá de mucha cintura política para cerrar proyectos importantes diseñados en el anterior mandato y redefinir la acogida tras descartar el albergue. De su buena mano para conseguirlo depende el futuro inmediato de la ciudad