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El Centre Penitenciari Ponent es una vieja penitenciaría que aúna las antiguas Lleida-1, construida en 1954, y Lleida-2, levantada en 1984. La primera es de construcción radial y la segunda es un edificio modular. Ambas se integraron en el año 1991 en un mismo centro que es ahora el segundo más antiguo de Catalunya. En 2006, el gobierno tripartito catalán, con Montilla de president y Montserrat Tura de consellera de Justicia, compró unos terrenos en Tàrrega al lado de la autovía para construir una nueva cárcel, pero el proyecto se aparcó y más tarde se descartó. La antecesora de la consellera Gemma Ubasart, Lourdes Ciuró (Junts), reconoció que el Centre Penitenciari Ponent es de los más viejos y en más mal estado de Catalunya y que era una “prioridad” para el departamento abordar esta mejora. Ahora, la actual titular de Justicia y la Paeria ya se han puesto manos a la obra para dar respuesta a unas dependencias obsoletas e inadecuadas para Ponent, Pirineu i Aran. Así, la sección de patrimonio, obras y servicios del departamento ya ha solicitado informes técnicos de la disponibilidad de terrenos que tiene el ayuntamiento de Lleida para alzar la nueva prisión, y cuando la Paeria remita a la Generalitat las ubicaciones que cumplan los requisitos necesarios, Justicia decidirá finalmente dónde y cuándo la construye, o si por el elevado coste de los trabajos, unos 120 millones, opta por reformar la actual cárcel o incluso buscar otros terrenos alternativos fuera de la capital del Segrià. Por su parte, el ayuntamiento solo contempla un nuevo edificio y fuera de la trama urbana, por razones del más puro sentido común con las que estamos totalmente de acuerdo y que ya expresó el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en un encuentro que tuvieron el pasado mes de septiembre en Barcelona. Y el aval del traslado de Ciutat Jardí a las afueras de Lleida no viene solo de los funcionarios, sindicatos, ciudadanía y actual equipo de gobierno, sino que el exalcalde Miquel Pueyo y su grupo de ERC también expresaron públicamente en el anterior mandato que apostaban por sacar el centro penitenciario de la trama urbana. Las razones por las que hay que construir unas nuevas instalaciones hablan por sí solas y solo hace falta acercarse a estas dependencias o hablar con cualquier preso o funcionario para conocer la precariedad de las mismas. No sería de recibo que mientras Barcelona cerró La Modelo y sacó la cárcel del centro y en el resto de demarcaciones se habilitan prisiones modernas y seguras, Lleida vuelva a quedar en el furgón de cola y se optara por reformar Ponent por una cuestión presupuestaria. Hoy en día no se conciben equipamientos de estas características en el centro de las ciudades, tanto por los inconvenientes que generan en materia de movilidad, seguridad, gestión de residuos, etc., como para su funcionalidad.

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