La larga sombra de las cloacas del Estado

El Gobierno de Mariano Rajoy investigó al margen de la ley y orquestó campañas contra los partidos independentistas durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a través de diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales corruptos, pero también con información confidencial que suministraban otros ministerios, entre ellos el de Hacienda. Todo ese material acababa en las portadas de determinados periódicos madrileños como paso previo a que algunos fiscales o incluso denunciantes anónimos lo presentasen en los juzgados para alimentar seriales mediáticos contra los adversarios del PP. La guerra sucia se inauguró pocos meses después de instalarse Mariano Rajoy en la Moncloa y se dirigió contra políticos y partidos nacionalistas catalanes tras la primera Diada multitudinaria, en 2012, cinco años antes del referéndum convocado por Carles Puigdemont. Todas aquellas prácticas han dejado huellas en el ministerio del Interior y algunos testigos. En la nueva documentación a la que ha tenido acceso La Vanguardia, El Diario.es y El Nacional.cat se revela que llegaron al despacho de Jorge Fernández Díaz estos informes, en una forma de actuar de un Gobierno que dilapidó recursos públicos para hacer frente a los adversarios del PP: medios humanos, materiales e incluso dinero de los fondos reservados para pagar a confidentes por informaciones muchas veces contaminadas o directamente falsas con las que intentar destruir a sus rivales, a través de campañas que se intensificaban a las puertas de los procesos electorales. Todo con el objetivo de manipular a la opinión pública. En una primera entrega, los diarios citados revelan documentos que elaboraron diferentes unidades policiales y que llegaron a la cúpula del ministerio del Interior, cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz, pese a que este negó airadamente en el Congreso haber tenido acceso a esta información. Según fuentes involucradas en el caso, algunas de esas notas que elaboraron diferentes unidades policiales habrían acabado en el despacho de Mariano Rajoy. Esas mismas fuentes explicaron que el procedimiento para entregar documentación delicada al presidente del Gobierno de entonces pasaba por enviar un sobre blanco cerrado, sin asunto ni remitente ni destinatario, que llegaba a Moncloa a través de los escoltas. Datos suficientes, estos y otros que se anuncian, se harán públicos próximamente, para no solo abrir una comisión de investigación en el propio Congreso de los Diputados, sino también, y mucho más importante, que Fiscalía o a quien competa abra diligencias. No es tolerable bajo ningún concepto político que se utilicen los poderes del Estado para perseguir adversarios o ideologías. Hasta que se limpien estas cloacas del Estado será imposible que España abra una nueva época más democrática.