Sobre la decencia

La operación Catalunya no es una cuestión de legalidad o ilegalidad. Lo es de decencia o indecencia. El ministerio del Interior fabricó decenas de pruebas falsas contra políticos independentistas durante los años en los que lo dirigió Jorge Fernández Díaz, y a pesar de la multitud de documentos que acreditan esta guerra sucia, hasta ayer no había ninguna causa en el Estado español para llevar a los responsables de esta infamia ante los tribunales. Solo una en Andorra, continuamente torpedeada por las autoridades españolas. Ayer se conoció la apertura de diligencias por parte del fiscal superior de Catalunya por el espionaje a su antecesor en el cargo, el leridano Martín Rodríguez Sol, un jurista que, más allá de la ideología, cree en la justicia. En 2012, siendo fiscal superior de Catalunya, abrió diligencias contra un medio de comunicación que difundió las falsas cuentas de Artur Mas y Jordi Pujol en Liechtenstein y Suiza. Aquellas difamaciones se publicaron en plena campaña, Mas perdió 12 diputados y el director del citado medio afirmó que su diario había ganado las elecciones en Catalunya. Rodríguez Sol dijo que tenía claro que la ley tenía que ser justa, y para serlo se tenía que conocer la voluntad popular mediante una consulta que, en su opinión, permitía la Constitución porque el artículo 149.1.32 facultaba al Gobierno central para ceder competencias en referéndums. Esas declaraciones le costaron el cargo. Rodríguez Sol es de una casa con pedigrí juridicopolítico desde hace cinco generaciones. Su bisabuelo fue magistrado, su abuelo presidió la Audiencia de Lleida y su padre le precedió como fiscal-jefe. Por parte materna, su tatarabuelo y su bisabuelo fueron los alcaldes Sol, su abuelo, teniente de alcalde y su tío, concejal. Tiene dos hermanos fiscales (y tres matemáticos) y se casó con una jueza. Nació “casualmente” en Mallorca hace 66 años, pero cuando tenía uno ya estaba en Lleida. Estudió en el Mater Salvatoris y el Sant Jordi, se licenció en Derecho en Lleida y dirigió la Fiscalía leridana desde 1995 hasta 2006. Luego dirigió la de Barcelona y en 2012 fue nombrado fiscal superior de Catalunya. Fue portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera. En sus 11 años en Lleida imputó a varios políticos en activo, entre ellos a Siurana y a Gavín. “En casa siempre hablamos bien de Siurana”, dijo en una entrevista a SEGRE tras abrir unas diligencias contra el exalcalde que se archivaron. Vio indicios de irregularidades y lo investigó. Por la misma razón las abrió contra el medio que difundió mentiras sobre Mas y Pujol. Y por eso dijo lo que pensaba sobre una consulta, aunque le costara el cargo. Cuestión de decencia. El exministro que ordenó a la policía la invención de delitos contra políticos rivales hoy da lecciones morales en determinados medios de comunicación. La opinión que nos merecen esas lecciones nos la guardamos.