Hay que asegurar la calidad de la sanidad pública

El progresivo envejecimiento de la población es uno de los principales factores –junto con el aumento de la práctica deportiva por parte de personas más jóvenes– que impulsa el auge de los servicios de fisioterapia. El departamento de Salud ha respondido a esta demanda incorporando en el último año a fisioterapeutas en los Centros de Atención Primaria, que atienden patologías leves como lumbalgias o artrosis. Hasta este despliegue, la sanidad pública solo contaba en Lleida con el servicio de rehabilitación que tiene su sede central en las instalaciones del CAP Onze de Setembre, que recibía a todos los pacientes a los que los médicos de cabecera o los especialistas prescribían sesiones de tratamiento para sus dolencias. Está claro que Salud ha reaccionado ante una realidad social, pero también que el servicio público está lejos de poder dar respuesta al grueso de la demanda, lo que genera largas listas de espera y favorece que la oferta privada se haya disparado. Además, en la pública el tratamiento individual está muy limitado, ya que varios pacientes suelen compartir una sesión, con lo que el tiempo que el profesional dedica específicamente a cada uno es reducido. Las disponibilidades presupuestarias son las que son y es inviable que la administración pueda dar respuesta al 100% de la demanda en este ámbito. No obstante, sí que debería garantizar una asistencia adecuada para todos aquellos que por cuestiones económicas no pueden acceder a un centro privado y, además, debe prestarla en un tiempo razonable, sin que los afectados tengan que esperar muchos meses perdiendo, mientras tanto, calidad de vida. Solo hay que analizar la evolución del número de pólizas suscritas en la sanidad privada tanto en Lleida como en el conjunto de Catalunya en los últimos años para ver el impacto que suponen las demoras en la atención. Desde que estalló la crisis en 2008, el número de pacientes que recurre a la sanidad privada no ha parado de incrementarse, a pesar de que muchas familias disponen de menos ingresos. Y lo mismo sucede en otro sector donde la falta de oferta pública ocasiona largas esperas, el de las residencias de ancianos, donde el número de plazas directamente públicas o bien concertadas aumenta a un ritmo mucho menor que el de los ancianos que las necesitan, situación que propicia que grandes empresas y fondos prioricen las inversiones en la construcción de geriátricos. Está claro que el sistema público y el privado deben convivir y pueden ser complementarios en estos y otros muchos sectores. El problema es cuando el primero no tiene los medios suficientes para dar respuesta a las necesidades básicas existentes, lo que perjudica especialmente a las personas y familias con menos recursos, que no pueden permitirse la alternativa de recurrir al servicio privado, hecho que comporta una desigualdad que se suma a la económica.