Una oportunidad que debe aprovecharse

La Ley de Amnistía se ha quedado atascada en el Congreso de los Diputados. La exigencia de Junts de incluir sus enmiendas transaccionadas, para que el alcance del texto legal resultante no quedara “desvirtuado” por las últimas actuaciones judiciales, terminó tumbando ayer la Ley Orgánica llevada por el PSOE al Congreso de los Diputados. Una ley esencial para las negociaciones de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras la cuestionada decisión del juez de la Audiencia Nacional García-Castellón, instructor de la causa de Tsunami Democràtic, apuntando a delitos de terrorismo, cuya investigación prolongará seis meses más, y la del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, alargando el caso de la denominada “trama rusa del procés”, que investiga supuestos vínculos de dirigentes independentistas, como Puigdemont, con el Kremlin, Junts ve peligrar que el actual texto de la Ley de Amnistía abarque a todos los represaliados y se da 15 días más de margen para intentar blindar a todas las personas encausadas por delitos ligados directamente con el proceso catalán del 1-O. El artículo 131 del Reglamento del Congreso da ahora un plazo de dos semanas, al tramitarse por procedimiento de urgencia, para que la Comisión de Justicia presente un nuevo texto. Al margen del ruido que pueda hacer la derecha política y mediática del estado español, conviene que tanto el PSOE como Junts no pierdan el horizonte de lo que está en juego en esta votación de mediados de febrero. Por una parte, una estabilidad que la política catalana y española necesitan tras años de convulsión constante, tanto por el envite del independentismo como por la cerrazón del PP de no querer renovar el Consejo General del Poder Judicial. Si España quiere de verdad iniciar la segunda transición que acabe con guerras sucias, policías patrióticos, jueces que quieren convertirse en legisladores, espionaje ilegal a adversarios políticos e intromisiones constantes a la separación de poderes; esta es una ocasión muy importante que no debería desaprovecharse. Por su parte, si los de Puigdemont quieren avanzar en el diálogo y la negociación para alcanzar sus objetivos políticos, no les queda otra que intentar buscar acuerdos de mínimos con la actual Moncloa y la mayoría parlamentaria progresista que la sustenta. Lo contrario, nuevas elecciones y la posibilidad de que gobierne la derecha con la extrema derecha, puede que mantuviera sus esencias y principios ideológicos, pero conduciría a Catalunya a otra época de inestabilidad e incertidumbre que difícilmente la aproximaría a sus metas. El estado de derecho tiene herramientas para poder subsanar las deficiencias de la actual democracia y el independentismo debe tener el sentido común necesario para abrir una nueva etapa que sin vencedores ni vencidos beneficie al conjunto de todos los catalanes.