Las residencias y las lecciones de la covid

Hace casi cuatro años que el virus de la covid-19 irrumpió en nuestras vidas cambiando el día a día hasta límites que jamás imaginamos y causando estragos entre los usuarios de las residencias geriátricas. El departamento de Salud de la Generalitat cifró en 4.566 los residentes que murieron en los centros catalanes por la covid desde el inicio de la pandemia hasta junio de 2022, una cifra que los datos del Imserso aumentan hasta más de 8.200. Casi un tercio de los fallecidos por covid en Catalunya residían en geriátricos. La pandemia, como es sabido y sufrido por la mayoría de leridanos (de los 1.150 fallecidos oficiales por el virus entre el llano y Pirineo, unos 500 se encontraban en residencias), se cebó en los más mayores, y los familiares pidieron explicaciones y responsabilidades. Casi cuatro años después, el miércoles la comisión de Derechos Sociales en el Parlament debatió y aprobó las conclusiones a las que ha llegado el grupo de trabajo que se creó para analizar el impacto de la covid en estos centros. Un informe que llega tarde y mal porque reconoce deficiencias en el sistema de atención a los mayores, de los servicios sociales y de la inspección, pero evita señalar a nadie ni fijar responsabilidades. El grupo de trabajo echó a andar en 2022 y ha llevado a cabo diez sesiones en las que han intervenido expertos, entidades y representantes políticos, pero a un ritmo lento que exasperó hasta a Amnistía Internacional, que exigió celeridad en la exposición de las conclusiones. Finalmente, el documento incluye las propuestas de los grupos y unas conclusiones comunes. Estas apuntan que la pandemia sorprendió a un sistema que ya tenía grandes debilidades para hacer frente a una emergencia como esta. “Muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de la falta de información científica y del hecho de no disponer de estructuras preparadas y protocolos claros para actuar en una situación de pandemia”, señala. También expone que desde el principio no había herramientas, entre otras cosas, porque la cartera de servicios sociales no se actualizaba desde 2010, y porque se demostró que había “desconocimiento entre los sistemas de servicios sociales y de salud, y falta de recursos asistenciales sanitarios en las residencias”, es decir: los ámbitos social y sanitario funcionaban con sistemas de información distintos y sin bases de datos compartidas, y los médicos y enfermeras de los geriátricos no tenían acceso a los expedientes clínicos de los usuarios. El informe subraya los esfuerzos del personal, pero detalla problemas estructurales: falta de titulación adecuada y adaptada, sueldos bajos, largas jornadas laborales, alta rotación de personal y una ratio desequilibrada que no se actualiza desde 2011. Todo esto podríamos darlo por bueno si esta experiencia hubiera servido para subsanar todas estas deficiencias, pero mucho nos tememos que no es así.