Sostenibilidad sin segregación social

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades tiene como objetivo disminuir el nivel de contaminación y cumplir así con la normativa de la Unión Europea referente a la calidad del aire y a la reducción de emisiones de CO2 de los vehículos. En general, estas zonas vetan el acceso a los automóviles más antiguos, pero su reglamento no es homogéneo, ya que cada país tiene su marco legislativo específico, que puede sufrir variaciones a nivel regional o local. El aprobado por el Gobierno central para el Estado español establecía que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes debían tener en marcha una ZBE a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, el hecho de que en marzo de 2022 la Justicia anulara la ordenanza que regulaba la existente en Barcelona y otros factores políticos como que los ayuntamientos eran reacios a aplicar esta medida en vísperas de unas elecciones municipales provocaron que el proceso se haya ido dilatando. En Catalunya, las localidades afectadas reclamaron que la Generalitat fijara un marco general para evitar que los conductores se encontraran con situaciones muy dispares en cada una de ellas. El Govern prevé definirlo a través del Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027, en fase de tramitación, y cuyo texto inicial comporta que 6 de cada diez vehículos no podrán circular por las ZBE en 2028. Alrededor de la mitad ya no podrían hacerlo de entrada, porque no tienen ningún distintivo ambiental, mientras los Euro 4 con etiqueta B (diésel matriculados entre enero de 2006 y septiembre de 2015) quedarían vetados en enero de 2026 y todos los demás con etiqueta B, en enero de 2028. Por su parte, el ayuntamiento de Lleida anunció que este verano aprobará los límites de la ZBE y la ordenanza que la regulará. El actual gobierno socialista ha avanzado que su extensión será menor de la que diseñó el anterior, que además de todo el centro urbano incluía buena parte de Cappont, el sector de la Mariola más próximo a Ronda y una pequeña área de Balàfia y Pardinyes. A la espera de la aprobación de la normativa de la Generalitat y de la municipal, hay que partir de la base de que la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático deben comportar una reducción significativa de la contaminación que genera el tráfico. Ahora bien, esta apuesta tiene que ir acompañada de medidas que eviten que haya ciudadanos de primera –los que pueden pagarse un coche que no contamina– y otros de segunda, porque la mayoría de vehículos que quedarán vetados son de las personas con menos recursos. Por eso hace falta que el transporte público sea una alternativa real al privado y que sea asequible para todos, que haya aparcamientos en los accesos, que estén bien conectados con bus con el centro y flexibilidad en cuestiones como por ejemplo desplazamientos a centros sanitarios.