Torpedo a la ley de amnistía
Resulta evidente que la causa abierta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el 130 President de la Generalitat, Carles Puigdemont, y Ruben Wagensberg (ERC) por presunto terrorismo de Tsunami Democràtic es un intento en toda regla de torpedear las negociaciones del PSOE y Junts por la ley de amnistía, que podría poner fin a la persecución judicial al independentismo y devolver al plano político unas demandas legítimas y pacíficas que llevaron a votar en el referéndum del 1-O de 2017 a más de dos millones de catalanes. Desde el Gobierno confían en alcanzar un acuerdo antes del próximo jueves y María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, confirma que las negociaciones siguen en el terreno de la “discreción” para trabajar en un acuerdo, que espera que sea “previo” a la fecha límite del 7 de marzo, plazo máximo del que dispone la Comisión de Justicia para votar un nuevo dictamen a la ley. Los socios del Gobierno también han comenzado a cambiar el discurso y se muestran más optimistas de cara a un acuerdo para un nuevo texto de la ley de amnistía.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reconocido que tiene razones para ser optimista sobre la posibilidad de que haya finalmente un acuerdo con Junts. “Creemos que va a salir adelante. Creemos sobre todo que nadie puede responder a la pregunta de cuál es la alternativa a la amnistía en términos democráticos, de estabilidad política y de entendimiento entre Catalunya y España”. Desde Junts han querido desvincular la decisión del Supremo de investigar a Puigdemont por terrorismo de la negociación de la ley de amnistía, pero está claro que la situación del expresidente de la Generalitat afecta al posible acuerdo sobre la norma. El futuro del líder de Junts está pendiente de esta ley, de las elecciones europeas y de la citación judicial por parte de la magistrada Susana Polo, encargada de impulsar la investigación y dar los primeros pasos para la tramitación de la causa. Antes de citar al expresidente catalán, la magistrada está obligada a solicitar un suplicatorio a la Eurocámara debido a la condición de eurodiputado y la inmunidad parlamentaria de la que goza Puigdemont. Si este se negara a declarar, el Supremo podría emitir una orden de detención, pero activarla dependería de los tribunales de Bélgica. Es muy difícil, por no decir imposible, que acabe sentado en el banquillo por terrorismo.
El objetivo aparente del Supremo no es ese, sino provocar que Junts pida cosas que el PSOE no pueda conceder y dinamitar así la ley de amnistía (y de paso, quizás, la caída del Gobierno). Jueces elegidos por un órgano político caducado tomando decisiones aparentemente políticas y poniendo en peligro derechos tan fundamentales como el de protesta y el de presunción de inocencia. Muy poco democrático y muy poco edificante.
