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Los funcionarios de prisiones volvieron a bloquear ayer el funcionamiento del Centre Penitenciari Ponent y los 625 reclusos tuvieron que permanecer todo el día en sus celdas. Sucedió lo mismo en el resto de cárceles catalanas, a excepción de Brians 2, Quatre Camins y Joves, donde sí salieron, aunque sin poder participar en talleres ni otras actividades. La protesta de este colectivo de empleados públicos comenzó el pasado jueves, un día después de que un preso matara a una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona, y posteriormente se suicidara, y ahora el conflicto parece haber entrado en un callejón sin salida, porque los funcionarios exigen la dimisión de la consellera, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, y no aceptan reunirse con el Govern mientras sigan en sus cargos. Es comprensible que estén indignados, porque una compañera ha sido asesinada en su lugar de trabajo, cuando ya hace mucho tiempo que estaban alertando de falta de seguridad y del aumento de las agresiones que sufren. No obstante, también hay que plantear si hay que priorizar un cese político o bien que haya decisiones inmediatas que mejoren la situación. Y por parte de la conselleria, algunas declaraciones de su titular no han ayudado a calmar los ánimos, sino todo lo contrario, y se ha echado en falta más autocrítica ante un hecho tan grave como el sucedido. Los actuales responsables del departamento recibieron ayer el respaldo de tres exconsellers de ERC y el PSC y de exdirectores generales de varios gobiernos, incluidos de CiU, que en una carta pública defendieron que este homicidio no puede suponer “pasos atrás” en la “exitosa” política de rehabilitación de los reclusos en las últimas décadas. Ahora bien, como ellos mismos dicen, los trabajadores han sido una parte activa e indispensable de este modelo, por lo que no habría que caer en la tentación de pensar que lo único que quieren es una política de mano dura. Y por último, hay que recordar que los presos están privados de libertad, pero solo de libertad, y mantenerlos encerrados durante días en una celda vulnera sus derechos fundamentales. Hay que buscar una solución urgente a este conflicto y, con dimisiones o sin ellas, la única salida es el diálogo. 

Apeadero en el polígono

La línea de tren Lleida-La Pobla estrenó ayer el apeadero en el polígono industrial El Segre, con la previsión de que tenga unos 23.000 usuarios anuales. Dispone de un aparcamiento que posibilitará dejar el vehículo y usar el tren para acceder al centro de la ciudad, lo que seguro que será de utilidad cuando se implante la Zona de Bajas Emisiones. Bienvenida sea esta mejora del transporte público

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