La lentitud de la Justicia
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.” Esta frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador Séneca, aunque fue dicha hace mucho tiempo, sigue siendo de rabiosa actualidad y que un terrorista yihadista quedara libre porque el Supremo tardara un mes en comunicar la prórroga de su prisión preventiva a la Audiencia Nacional, lo que propició su puesta en libertad y que poco después fuera uno de los terroristas que cometieron el atentado del 11-M en Madrid, es una prueba irrefutable de la lentitud judicial en el Estado español. Como no es de recibo que los llamados juicios rapidísimos, que se deberían producir a las pocas horas de un arresto in fraganti, se estén señalando para 2025. Esta tardanza impide aplicar además la reforma del Código Penal para encarcelar a los delincuentes multirreincidentes porque para que este ingreso entre rejas sea posible se necesita haber acumulado un mínimo de 3 condenas. Así, nos encontramos que en Lleida una decena de personas acumulan 247 detenciones, la mayoría por hurtos en el Eix Comercial, pero como todavía no han sido condenados y no serán juzgados hasta como muy pronto en 2025, podrán seguir delinquiendo. Otra instrucción flagrante de nunca acabar es la del llamado caso Boreas, que se remonta a 2014 y que tuvo su momento álgido en 2018 con la detención de una veintena de personas, entre ellas el entonces presidente de la Diputación, Joan Reñé, y que a fecha de hoy todavía está en curso, tras prórrogas y más prórrogas. Por no hablar de la indemnización que espera la exsecretaria de La Portella, a quien la Justicia dio la razón en 2018 por despido improcedente del 2012 y cuyo ayuntamiento le debe casi medio millón de euros y se niega, o demora, el pago. Estamos en plena crisis de las prisiones, tras el asesinato de una cocinera a manos de un interno que cumplía condena por asesinato de otra mujer, y es evidente que solucionar este enfrentamiento entre funcionarios y Generalitat tiene prioridad absoluta, pero la falta de medios de la justicia ordinaria es sin duda un gran problema que alguien debe abordar. Federación de Fútbol La Guardia Civil, con el apoyo de Europol, registró ayer la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid) en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años (2018-2023), y por corrupción en los negocios, administración desleal y el blanqueo de capitales. La Federación y sus dirigentes llevan años dando muestras de comportamientos poco éticos y ejemplarizantes y sería una buena noticia pasar página y renovar, además de personas, prácticas alegales o directamente ilegales
