Contra la desmemoria
Las llamadas “leyes de la concordia” impulsadas por los gobiernos del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, que pretendían enterrar en una cuneta las leyes de memoria histórica, han supuesto una dura reprimenda de Naciones Unidas a España porque pueden obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas. En una dura comunicación conjunta, los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabian Salvioli, y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, el chileno Morris Tidball-Binz, así como del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que encabeza Aua Baldé, de Guinea-Bisáu, sostienen que las medidas del Gobierno han de estar encaminadas a preservar la memoria colectiva ante las “graves violaciones de los derechos humanos” y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas, al entender que las tres leyes obstaculizarían el derecho a conocer la verdad. Y un aviso para navegantes: “Todos los poderes del Estado y entidades públicas deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos”, y no hacerlo compromete la responsabilidad de España. El Gobierno ha recogido el guante y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se apresuró a decir que lo ve desde el mismo prisma porque el PP y Vox han tratado de “blanquear la dictadura”, pero los tres gobiernos autónomos se mantienen en sus trece. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha llegado a afirmar que la ONU ha incluido “errores de bulto y bulos” en su informe. Por contra, las asociaciones de defensa de la memoria histórica han celebrado la postura de las Naciones Unidas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue más allá y calificó de “vergüenza” y de “indignas de una democracia” estas supuestas leyes de concordia. Casi 50 años después de la muerte de Franco, aún quedan demasiadas fosas comunes por exhumar. Sería injusto no reconocer que en los últimos años se han dado pasos de gigante como sacar al dictador de Cuelgamuros, el gran mausoleo construido por presos republicanos y donde algunas víctimas del fascismo fueron enterradas sin consentimiento de sus familias. Las heridas solo se pueden curar cuando cicatrizan. Hay muchas asignaturas pendientes, también en Lleida. El complejo militar de Gardeny fue construido por prisioneros republicanos condenados a trabajos forzados. Los familiares de las víctimas exigen desde hace años un memorial que recuerde el dolor sobre el que fue edificado el actual Parc Científic i Tecnològic. Fue importante el acto de reparación promovido por la Generalitat el año pasado en la Seu Vella, pero es solo un punto de partida y los gobiernos de PP y Vox han deshecho buena parte del camino avanzado.
