Irresponsabilidad al volante
El Servei Català de Trànsit tramitó el pasado año ni más ni menos que 2.690 expedientes sancionadores en las carreteras de Lleida por conducir tras consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Pese a las diferentes campañas de concienciación que todas las administraciones emprenden periódicamente para evitar este tipo de conductas delictivas, las cifras no dejan de aumentar. De hecho, si se comparan las sanciones tramitadas el año pasado por este motivo con las de 2022, hay un más que considerable incremento del once por ciento. Estas frías cifras son de por sí escandalosas y preocupantes, pero cuando las consecuencias de estas actuaciones incívicas son irreversibles, la sensación que queda es de tristeza, incredulidad y rabia. Uno de estos casos lo vivimos en Lleida el sábado por la tarde. Una vecina de Alcarràs de 39 años, médico de profesión, falleció en un brutal choque con otro vehículo, cuyo conductor, según fuentes solventes, iba al volante bajo los efectos del alcohol. En el siniestro también resultaron heridos de diferente consideración dos hijos de la víctima, de tan solo 3 y 6 años, que fueron trasladados al Vall Hebron, donde permanecían ingresados ayer. Asimismo, los dos ocupantes del otro turismo también fueron hospitalizados en el Arnau. Las campañas preventivas y las sanciones son necesarias, pero cada persona que se ponga al volante debe ser consciente de la responsabilidad que esto supone, tanto para ella misma como para los demás, y, si no está en plenas facultades, su actuación puede acabar con una tragedia irreversible como la del sábado. Más agresiones a funcionariosUn funcionario leridano que trabaja en la cárcel barcelonesa de Lledoners resultó herido de consideración tras ser agredido por un interno el pasado viernes cuando intentaba mediar en una pelea. Acabó con la nariz rota y un corte debajo de un ojo, que requirió puntos de sutura. Al día siguiente, otro recluso protagonizó un incidente similar en el Centre Penitenciari Ponent y otro funcionario, a causa del ataque, tuvo que ser atendido en una mutua sanitaria. Dos casos más de la larga lista de agresiones que vienen sufriendo estos trabajadores y que alcanzó su punto más escalofriante el 13 de marzo con el asesinato de una cocinera acuchillada por un preso en Mas d’Enric. Tras esta tragedia, sindicatos y administración firmaron un acuerdo para mejorar tanto las condiciones de seguridad, así como las salariales, de los funcionarios que trabajan en uno de los ámbitos más complicados del sector público. Es necesario que estas medidas se pongan en práctica sin dilación para evitar que se repitan episodios como los citados anteriormente
