El puerta a puerta no ha funcionado
El ayuntamiento ha dejado en suspenso el final de la recogida puerta a puerta en Pardinyes y Balàfia, previsto para el próximo 15 de junio, porque el Comú presentó el 17 de abril un recurso de reposición que está siendo revisado por el Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya. Una decisión que anunció el martes el alcalde Fèlix Larrosa, que señaló que la adoptan “por precaución y prudencia” a la espera de que se pronuncie este tribunal administrativo, y acusó al Comú de “entorpecer la acción del gobierno municipal” y de “querer ganar en los tribunales lo que perdieron en las urnas”. El puerta a puerta es sin duda un buen método porque los resultados de recogida separada son, en general, superiores al resto de mecanismos, tanto en cantidad como en calidad. La aplicación es muy recomendada en zonas de baja densidad de población donde la identificación de los residuos de cada cual es más fácil y se puede aplicar en zonas más densas, pero en este caso requiere una colaboración ciudadana y organización específica que está claro que no ha funcionado en la ciudad y hace bien la Paeria en rectificar. Lleida debe acometer de inmediato un plan para mejorar su imagen en las calles por la acumulación de basuras. Sin coacciones con el abortoEl Tribunal Constitucional (TC) ha acordado avalar la ley aprobada en 2022 que penaliza con penas de hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Según informó ayer la corte de garantías, la mayoría del Pleno respaldó el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, quien defiende que la norma es constitucional. Por su parte, han anunciado voto particular los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. Al adoptar esta decisión, la mayoría progresista del tribunal rechaza el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Una buena noticia porque las mujeres que deciden libremente abortar, por motivos que solo a ellas y a sus parejas compete, no pueden ser objeto de intimidaciones, coacciones o presiones. Informar y asesorar, por supuesto, intentar influir en su opción, no. Y harán bien los partidos y entidades europeas en trabajar en la misma línea dada la ola reaccionaria que amenaza con pasos atrás en un derecho que a las mujeres ha costado mucho lograr
