Mala gestión del flujo de trabajadores del campo

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, atribuyó ayer el hecho de que decenas de personas que han venido a trabajar en la recogida de fruta estén durmiendo en las calles de la ciudad a que ayuntamientos del sur de España les han pagado el billete para venir. No es algo nuevo, sino más bien lo contrario, porque esta práctica ha sido relativamente habitual en años anteriores, y la propia Paeria también ha sufragado en varias ocasiones el viaje en autobús a otros lugares a personas que no tenían trabajo ni alojamiento en el municipio. Aunque Larrosa no dio más detalles, la campaña de cosecha de la fresa en Huelva se concentra entre febrero y el 1 de mayo, así que cuando se acaba el trabajo, seguro que hay ayuntamientos que prefieren pagar el precio relativamente pequeño de un billete de autobús para que los temporeros se vayan a otro destino en lugar de que estén deambulando por sus calles. Lo que hacen es trasladar el problema de un sitio al otro, aunque más que de los consistorios, la responsabilidad es de las comunidades y del Gobierno central. Está claro que la gestión de los flujos de temporeros del campo y de su alojamiento no es una cuestión estrictamente municipal, ni tan siquiera comarcal, por lo que son las administraciones autonómica y central las que tendrían que asumirla y, en todo caso, los ayuntamientos deberían jugar un papel secundario. Sin embargo, no lo hacen y cada primavera y verano en Lleida se repiten escenas parecidas de gente que pasa el día y duerme en las calles. El anterior gobierno local consideraba que la mejor manera de afrontar esta cuestión era con la construcción de un nuevo albergue en Pardinyes, mientras que el actual apuesta por otras fórmulas. Pero como el primero no tuvo tiempo de ejecutar su proyecto y el segundo tampoco lo ha tenido para desarrollar su plan alternativo, volvemos a estar como siempre y, mientras, ni la Generalitat –paralizada además hasta que se forme un nuevo Executiu después de las recientes elecciones– ni el Gobierno central han tomado ninguna medida nueva para evitar esta situación.Arrestos impracticablesLa decisión del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) de pedir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, así como contra varios líderes de Hamás por crímenes de guerra ha provocado una gran polvareda a nivel mundial. Ahora bien, pensar que las que afectan a Israel puedan llevarse a la práctica es una utopía, porque el TPI, aparte de no estar reconocido por este país, tampoco lo está por las grandes potencias, como EEUU –que ayer ya censuró esta petición–, China o Rusia