Que los jueces hagan su trabajo: aplicar la ley

El Congreso aprobó ayer una ley de Amnistía histórica que debe devolver el conflicto catalán al lugar del que nunca debió haber salido: la política. La decisión del PP de llevarlo a la justicia fue un error que ahora se ha corregido. La sesión de ayer demostró lo que muchas veces se olvida: que la división de poderes que planteó hace tres siglos Montesquieu debe aplicarse, desde que al final de la Segunda Mundial se implantó la democracia en la Europa occidental  para combatir los totalitarismos, con una supremacía del poder legislativo, del que emana la soberanía popular. Hace un año se decía que una ley de Amnistía era inconstitucional. No era verdad porque la amnistía de 1977 siguió vigente después de la aprobación de la Constitución y porque en 2012 el propio PP promovió una amnistía fiscal. En la sesión de ayer cada cual vendió su lectura de la ley: los independentistas la plantearon como una victoria, el PSOE quiso restarle importancia (Pedro Sánchez se ausentó del debate y solo estuvo en la votación), Vox intentó dinamitarlo con insultos apocalípticos y el PP trató de alejarse de los excesos de Vox al ver que la aprobación de la ley era inevitable. Cuando la norma se publique en el BOE, los jueces tendrán dos meses para aplicarla. Algunos la obstaculizarán. La sala de lo Penal del Supremo, presumiblemente, planteará recursos al Constitucional y cuestiones prejudiciales a la justicia europea, lo que paralizará las causas que dependen de este tribunal. Lo mismo vale para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón o el juez instructor barcelonés Joaquín Aguirre, que han dejado claro que combatirán la norma. Se equivocan. No deben combatirla, sino aplicarla, y eso harán muchos de los 5.000 jueces de España con los casos concretos que deban resolver. El problema de la justicia en España no reside en la mayoría de los jueces, sino en una cierta cúpula que malinterpreta su trabajo. Su función es aplicar la ley, no salvar patrias, un error que les ha llevado a bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de cinco años. Algunos quisieran que los jueces del órgano de gobierno de la judicatura los eligieran los propios jueces, no el Congreso, quizás porque cuando ocurre eso (por ejemplo, en las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos) el resultado es que solo 3 de los 108 jueces elegidos pertenecen a la progresista Jueces y Juezas para la Democracia. Pero la Constitución no dice eso. Dice que el CGPJ debe reflejar la mayoría parlamentaria, y dice también que la función de los jueces es aplicar la ley, no reinterpretarla, como hizo el Tribunal Supremo con la modificación del delito de malversación sin ánimo de lucro, que se negó a aplicar con interpretaciones extemporáneas. No es ese su trabajo. Los jueces tienen que aplicar la ley, es decir, cumplir la Constitución.