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No nos cansaremos de escribir una y mil veces que las comarcas de Lleida tienen un sector primario de primero orden; moderno, equilibrado, innovador y sostenible y que bajo ningún concepto, ni la agenda verde europea, ni la sequía, ni la globalización económica y comercial han de servir de excusa para dejar morir las pequeñas y medianas explotaciones que han forjado la riqueza de nuestras comarcas. Porque lo que está en crisis no es la agricultura ni la ganadería, sino las explotaciones medianas y pequeñas y ninguna administración que esté al servicio de sus ciudadanos puede permitir la muerte del campo. Todos estamos de acuerdo en que Lleida necesita también mejorar su tejido industrial y que el Pirineo no debe depender solo del turismo, pero el sector primario sigue siendo básico y un puntal para evitar la despoblación y mantener el equilibrio entre el mundo rural y las grandes ciudades. Por todo ello, la protesta agraria iniciada ayer, que se prolongará hasta esta mañana, tiene toda la legitimidad del mundo y rechazarla por la proximidad de las elecciones europeas es una excusa de mal pagador porque precisamente es en Europa donde se marcan las principales directrices de la agricultura y ganadería y los partidos han de escucharles. Así, las organizaciones agrícolas convocantes de la jornada de protestas de ayer en ocho puntos de la frontera entre España, Andorra y Francia, integrados en la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), consensuaron sus exigencias en un manifiesto que reclama “negociaciones integrales” con el sector sobre toda la legislación que les afecte: han vuelto a insistir en la necesidad de eliminar los impuestos relativos al consumo energético, mejorar las pólizas y la financiación con la que cuenta el sector. También han hecho referencia a algunas de las reivindicaciones históricas de los productores, como promocionar su acceso al mercado –con políticas que reduzcan las barreras comerciales–, impulsar el relevo generacional, la innovación y la mejora de infraestructuras. Los agricultores han exigido además la adaptación consensuada del Plan Hidrológico a la situación de sequía, con la elaboración de un nuevo documento. Y han abogado por un “cambio en el enfoque de gestión de la fauna” y fijar límites de capacidad de carga a las poblaciones de especies protegidas, lo que en Lleida afecta especialmente a la presencia del oso. También han reclamado que los productos de terceros países estén sometidos a “regulaciones más estrictas” en materia de seguridad alimentaria y estándares de calidad, e impulsar el etiquetado claro y campañas para promocionarlos. En esta línea, se han mostrado partidarios de la derogación de acuerdos extracomunitarios, entre los que han enumerado Mercosur “y todos aquellos acuerdos que perjudiquen al mercado español y resto de países de la Unión Europea”.

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