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La ley de Amnistía entró ayer en vigor al ser publicada en el BOE, con lo que se abre un plazo de dos meses para que los jueces la apliquen de forma efectiva. Su redactado deja muy claro quiénes pueden beneficiarse de ella. Así, el artículo 1 indica que quedan amnistiados los “actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Catalunya el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023, así como las siguientes acciones ejecutadas entre estas fechas en el contexto del denominado proceso independentista catalán, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”. Una vez enumerados todos los supuestos concretos incluidos en este marco, el artículo 2 detalla los excluidos, que son los que comportan muerte de personas, torturas, racismo, el uso efectivo de la fuerza o las acciones tipificadas como terrorismo en la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo, y ninguna de las incluidas en ella –partiendo de un análisis basado en el sentido común– es homologable a lo sucedido en Catalunya. Los magistrados que llevan o han llevado causas relacionadas con el procés, como los del Supremo, pueden estar de acuerdo o no con la ley y, en el caso de que consideren que vulnera el orden legal básico español o el de la Unión Europea, tienen la posibilidad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, para que sean estos organismos los que dictaminen sobre la norma. Pero lo que no deberían hacer en ningún caso es optar por una interpretación sesgada para intentar sabotear o frenar la aplicación de la ley. La separación de poderes es una de las bases de un estado democrático y los jueces harían bien en no invadir el terreno del legislativo si no quieren socavar sus cimientos.La fuerza del Força LleidaEl Força Lleida celebró ayer con una masiva rúa su ascenso a la ACB, con sendas recepciones en la Diputación y la Paeria, que ya se han comprometido a aumentar su aportación económica de cara a la nueva temporada. Estar en la máxima categoría del baloncesto comportará triplicar el presupuesto del club, un incremento que no puede basarse en la contribución de las instituciones, ya que el deporte de élite no debe ser prioritario para el dinero público. Así que la fortaleza del Força Lleida dependerá en gran parte de la colaboración que reciba en primer lugar de las empresas y, en segundo, de la afición

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