Economía española y prioridades europeas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer que se prorrogará la rebaja del IVA a productos básicos como el aceite de oliva, el pan o la leche porque la inflación, pese a que se ha reducido, aún sigue siendo alta y el ejecutivo quiere hacer un esfuerzo para que la maltrecha economía familiar no se vea más perjudicada por el IVA. Recordemos que estaba previsto que el 30 de junio se dejarían de aplicar estos descuentos, en una medida que entró en vigor el 1 de enero de 2023 con el objetivo de aliviar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania. Sin duda, es una buena noticia para miles de hogares, al igual que lo es la cifra de crecimiento al alza dada por el Banco de España, en consonancia con las previsiones del FMI. Pero por mucho que se haya superado, más rápido incluso de lo previsto, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y por mucho que los niveles de crecimiento, empujados por los servicios y el turismo, sean positivos para el conjunto del Estado, España sigue teniendo sueldos bajos y precarios en relación con el resto de países con los que pretende compararse y su tejido industrial requiere de una reconversión e innovación que teóricamente deberían haber empujado los fondos Next Generation y que en la práctica no ha sido así, porque la mayoría de ayudas han sido absorbidas por las administraciones y proyectos muy concretos de grandes empresas. Esperemos que la convulsión política en la que llevamos instalados desde hace años en la Unión Europea, por el empuje de la extrema derecha y el buenismo de la izquierda, se mitigue tras no lograr la victoria aplastante que pretendían los ultraconservadores en las urnas, ni en España ni en el conjunto del Europarlamento, y pueda la UE centrarse en este crecimiento económico indispensable para hacer frente a los retos más inminentes: cohesión social ante el elevado número de habitantes migrantes que ha absorbido en los últimos años, reconversión industrial para garantizar el progreso y el respeto al medio ambiente y una salida diplomática y, por tanto, no bélica con Rusia para evitar la eternización del conflicto con Ucrania, que además de minar los estándares democráticos del continente perjudica económicamente a todos los estados miembros. Boicot a la amnistíaUn paralelismo similar podríamos aplicar con Catalunya, que, por la presión judicial derivada del procés, sigue sin conseguir el sosiego social y político indispensable para acometer las reformas necesarias que la realidad socioeconómica requiere. La cúpula del Poder Judicial, instigada también por la derecha, sigue boicoteando cualquier normalización, ahora boicoteando la ley de Amnistía
