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Todos los centros están obligados a reservar un número de plazas determinadas para los alumnos con necesidades especiales, los denominados NESE, cuando se abre el proceso de preinscripción para el próximo curso. Esta calificación incluye a niños con alguna discapacidad, con trastornos, con altas capacidades, que padecen enfermedades minoritarias, los de familias socioeconómicamente desfavorecidas y los de origen migrante, siendo estas dos últimas situaciones las que provocan que haya más. Hay que matizar que la condición de migrante no comporta automáticamente esta condición, ya que la normativa dice que solo se aplica a los alumnos que se han incorporado tarde al sistema educativo o que no dominan la lengua vehicular. Hace un par de cursos, el departamento de Educación introdujo cambios en los parámetros que se utilizaba para decidir qué niños entraban dentro del colectivo NESE y, a la vez, aumentó el cupo de plazas que los centros de Primaria y Secundaria deben reservar para ellos. El objetivo de ambas medidas era intentar revertir la segregación escolar existente en municipios como Lleida ciudad, donde había escuelas e institutos que apenas tenían matriculados de origen inmigrante o de familias con pocos recursos económicos, mientras que en otros constituían casi todo su alumnado. En teoría, la música suena bien, pero la práctica ha demostrado que algo falla. Un ejemplo de ello es lo que ha sucedido en los dos institutos de Pardinyes, el Josep Lladonosa y La Mitjana, donde un total de 29 alumnos se han quedado sin las plazas de ESO que tenían inicialmente asignadas después de que el departamento de Educación las haya destinado a última hora a otros que están calificados como NESE. Esta ampliación ha comportado que el Josep Lladonosa tenga en primero de ESO más plazas destinadas a este colectivo, 58, que ordinarias, 54, mientras que en el otro centro la proporción es del 50%. Y en el resto de los institutos de la capital la situación es muy similar, porque en conjunto el cupo reservado supera el 43%. La conclusión es que o bien la nueva calificación de necesidades especiales –que en muchos casos comporta ayudas económicas para las familias– es desproporcionada o bien la situación socioeconómica de la ciudad es notablemente peor de lo que indican los datos oficiales. No cabe ninguna duda de que hay que luchar contra la segregación escolar, pero no estaría de más analizar si es necesario ajustar determinados parámetros, porque estamos hablando de que casi la mitad de plazas están reservadas de entrada. Además, Educación debe revisar el proceso de asignación para evitar cambios en la oferta cuando ya han transcurrido más de dos meses desde que el 20 de marzo se cerró el plazo para formalizar la preinscripción, dejando sin sitio en el centro elegido a alumnos que ya creían haber accedido a él. 

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