La renovación judicial

Tras más de 2.000 días de bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Partido Popular y Partido Socialista han alcanzado un acuerdo este martes para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. El pacto que suscribió el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, con el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons (bajo la asistencia y supervisión de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová), consiste en que los socialistas eligen a diez vocales y los populares a otros diez de los 20 que integran el CGPJ. A su vez, los 12 consejeros de procedencia judicial serán designados de la lista de candidatos que la Junta Electoral Central aprobó en el año 2018 y cuya designación corresponde a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado (seis vocales designados por cada Cámara). Sobre la presidencia del Consejo, a lo largo de las discretas e intensas negociaciones mantenidas en los últimos días entre Bolaños y Pons, el PSOE mostró su preferencia por que la presidenta fuera una mujer (sería la primera presidenta del CGPJ y el Tribunal Supremo) pero el PP pide dejar en manos de los vocales la elección de la presidencia del órgano. Partiendo de la base que es una buena noticia que por fin se cumpla la Constitución, cabría hacer algunas consideraciones. La primera es que España no vive ya en los tiempos de Cánovas del Castillo y Mateo Sagasta en que los dos partidos dinásticos se repartían el poder. Gracias a la democracia y a la resiliencia de los ciudadanos en la defensa de sus ideas, el Estado español es hoy mucho más plural que en tiempos pretéritos y del mismo modo que el Congreso de los Diputados escenifica esta pluralidad, el poder judicial debería igualmente representar al conjunto de las ideologías. Otra evidencia es el componente económico, que en este sector condiciona más que en otras profesiones al acceso a la carrera judicial. Las clases medias tienen muy complicado financiar más de 10 años de estudios a sus hijos, por lo que en su mayoría la cúpula judicial pertenece a círculos muy acotados de tendencia conservadora. También podríamos entrar en la formación que reciben los jueces, más centrada en memorizar leyes que en la neutralidad e imparcialidad obligada en la función de árbitro que ejercen. Finalmente, una vez el acuerdo se ha firmado, es imprescindible reformar la ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del Poder Judicial dejen de serlo automáticamente una vez caduque su mandato, tal y como es preceptivo en cualquier cargo, sea del poder ejecutivo o legislativo. La Justicia española ha estado muy cuestionada en los últimos años y lo más urgente es que recuperen el prestigio perdido por el empecinamiento de algunos en hacer interpretaciones políticas de las leyes. Los jueces de base no merecen este descrédito.